El presidente del Consejo de Cuentas presenta en las Cortes el Informe de análisis de la situación de los ayuntamientos que más incumplen esta obligación legal, 32 consistorios que sumaban 410 cuentas generales sin presentar a 31 de octubre de 2022.
El Consejo recomienda que las entidades locales afectadas tomen medidas para rendir en plazo, que las diputaciones y el Consejo Comarcal del Bierzo realicen labores de seguimiento incrementando su labor asistencial y que la Administración autonómica revise las autorizaciones conferidas a los funcionarios de habilitación nacional cuando se dejen de rendir las cuentas de más de un ejercicio o se incurra en otros incumplimientos.
Las causas que motivan la falta de rendición de cuentas por parte, especialmente, de los ayuntamientos de menos de mil habitantes de Castilla León guardan relación con factores como la falta de medios personales y retraso en la llevanza de la contabilidad, la falta de medios materiales como programas informáticos o problemas de conexión a internet, así como problemas con la generación de los ficheros de la cuenta general derivados de la aplicación contable de la propia entidad local.
Además de estas causas, los propios ayuntamientos concernidos señalan otros motivos que en mayor medida impiden o dificultan la rendición de sus cuentas anuales como la acumulación y exceso de tareas por parte de funcionarios con habilitación nacional (secretario, interventor y depositario o tesorero), así como la imposibilidad de adopción de acuerdos por la corporación municipal.
Así lo pone de manifiesto la auditoría presentada esta tarde en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico por el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, sobre el análisis de la situación de los municipios más incumplidores de la obligación de rendición en la Comunidad Autónoma, ejercicios 2003-2020.
Es decir, analizando la evolución de la rendición de las entidades locales desde que comenzara su actividad el Consejo de Cuentas, estudiando las causas de la falta de presentación de cuentas y las medidas adoptadas, tanto por las propias entidades como por las diputaciones y por el Consejo Comarcal del Bierzo.
La fiscalización se extendió a 32 municipios de 8 provincias, comprendiendo a los 28 ayuntamientos con más de 10 cuentas sin rendir en el mencionado periodo, entre las cuales se encontraban las de los 5 últimos ejercicios (2016 a 2020). Por otra parte, incluyó los 4 municipios mayores de 1.000 habitantes sin rendir en el último lustro. Ambos grupos sumaban a 31 de octubre de 2022, 410 cuentas generales sin presentar.
El 30 de junio de 2023 concluyó el plazo dado a los 32 ayuntamientos fiscalizados para que presentasen la información solicitada, realizándolo 27 municipios. Los 5 restantes fueron emplazados para comparecer en la sede del Consejo y una vez atendidas las circunstancias concurrentes se les concedió un nuevo plazo hasta el 20 de diciembre de 2023.
El informe deja también constancia de los esfuerzos que viene realizando el Consejo de Cuentas para lograr un mayor nivel de rendición y que está se produzca dentro del plazo legal. Por ejemplo, dijo el presidente, desde 2010 se enviaron 47.312 correos electrónicos informando a las entidades locales de la apertura de la Plataforma de Rendición de Cuentas para cada uno de los ejercicios contables. También, con anterioridad a la finalización del plazo de rendición de cuentas, se remitieron 37.613 escritos recordatorios de esta obligación.
Con respecto a los resultados de la auditoría, los datos de rendición en Castilla y León a 31 de octubre de 2022 ponían de manifiesto que los ayuntamientos con cuentas pendientes de rendir de 10 o más ejercicios, en la etapa que va de 2003 a 2020, sumaban 83 municipios.
La actualización de datos del informe pone de manifiesto que el ejercicio 2023 ya ha sido rendido por 9 de los 32 ayuntamientos fiscalizados. Después del periodo fiscalizado, el ejercicio 2021 ha sido rendido por 9 ayuntamientos de los 32 auditados y el ejercicio 2022 por 12.
Destaca entre los 4 ayuntamientos de más de 1.000 habitantes fiscalizados, el de La Pola de Gordón (León), que además de haber rendido los 5 ejercicios pendientes del periodo fiscalizado, también ha presentado las cuentas de 2021, 2022 y 2023.
En la interpretación de las razones de la mejora experimentada en la rendición de cuentas, de manera especial el balance de la presentación en plazo legal de las cuentas de 2023 por parte de todas las entidades locales de la Comunidad, Amilivia precisó la influencia positiva de dos factores diferenciales.
Por un lado, desde 2021, la orden del Gobierno autonómico que regula las Ayudas del Fondo de Cooperación Local estableciendo como requisito la presentación de declaración responsable acreditativa de la rendición de la cuenta general al Consejo de Cuentas, añadiendo a partir de la modificación introducida en el presente ejercicio, que dicha rendición debe producirse dentro del plazo previsto en la normativa.
Por otro, destacó el efecto positivo de la fiscalización realizada sobre ayuntamientos incumplidores. El resultado de los trabajos queda reflejado en 46 conclusiones, siendo los siguientes los apartados destacados.
Con relación a la evolución y situación de la rendición de cuentas por los ayuntamientos, durante el periodo 2003-2020, a 31 de octubre de 2022, los 2.248 ayuntamientos habían rendido 36.064 cuentas generales, el 89% de las correspondientes a esos 18 ejercicios. El 11% de incumplimiento afectó a 4.400 cuentas.
El índice de incumplimiento resulta más elevado en los ayuntamientos más pequeños. Mientras que en los municipios de menos de 1.000 habitantes se sitúa en el 12%, en los estratos de municipios con mayor población esta ratio desciende a valores entre el 0% y el 6%. A 31 de octubre de 2022, 793 ayuntamientos tenían pendientes de rendir más de una de las cuentas generales del periodo fiscalizado, de los cuales el 95% (756 municipios) tienen menos de mil habitantes.
Los valores más elevados corresponden a las provincias de Burgos y Salamanca (135 y 134 ayuntamientos respectivamente) que representan cada una el 17% del total. Con referencia al ámbito específico de los 32 ayuntamientos fiscalizados, las provincias de Zamora, Ávila y Salamanca concentran el mayor número de municipios de esta relación (11, 7 y 5 ayuntamientos, respectivamente).
León suma 4 municipios, entre ellos tres mayores de mil habitantes (Cacabelos, Matallana de Torío y La Pola de Gordón); de la provincia de Segovia también figura uno mayor de mil habitantes (Navas de Oro) y otro de menor población. Burgos, Palencia y Soria figuran con un ayuntamiento cada una y Valladolid, ninguno.
Sobre el ciclo presupuestario y contable, (los ayuntamientos deben aprobar sus presupuestos antes del 31 de diciembre del ejercicio anterior), la auditoría señala que este plazo resultó incumplido por el 31% de los 32 ayuntamientos fiscalizados para los presupuestos de 2020 y el 53% y por el 47% para los de 2019. También es significativo el número de ayuntamientos que no aprobaron sus presupuestos (el 38% los de 2019 y el 53% los de 2020 y 2021).
En cuanto a la liquidación del presupuesto, que debe ser confeccionada antes del primero de marzo del ejercicio siguiente) la correspondiente a 2021 fue aprobada dentro del plazo por el 31%. El informe pone de manifiesto que la falta de aprobación de las cuentas, significativamente, obedece a motivos distintos a su previa falta de formación. También se comprueba que la ausencia de rendición en muchos casos no es consecuencia de la falta de aprobación ya que el 31%, pese a encontrarse aprobadas, no habían sido rendidas.
En cuanto a la organización y funcionamiento de la contabilidad y del control interno, de los 32 ayuntamientos, solo el de Cacabelos cuenta con puestos diferenciados atribuidos a a las subescalas de Secretaría y de Intervención- Tesorería, al tratarse de un consistorio de clase segunda. En los 31 restantes, todas las funciones públicas necesarias, entre ellas la de contabilidad, se encuentran atribuidas a un único funcionario con habilitación nacional, el secretario-interventor.
El nombramiento de personal interino, que se detecta en la mitad de los ayuntamientos fiscalizados, es el procedimiento de provisión de los puestos reservados a funcionarios con habilitación nacional más habitual. En muchas entidades se registró una rotación significativa de estos puestos.
De los ayuntamientos analizados, 22 forman parte de alguna agrupación, fórmula que habilita la cobertura de varios municipios por un mismo funcionario, siendo 6 de ellos cabecera de la misma.
El 56% de los ayuntamientos fiscalizados (7 de Ávila, 5 de Salamanca, 3 de Zamora, 2 de Segovia y Cacabelos en León) manifestaron que no reciben la asistencia técnica de la Diputación mediante el suministro de programas informáticos para la contabilidad. Mientras que las diputaciones de Salamanca y Segovia informaron en sentido contrario.
De los 11 municipios que solicitaron asistencia y cooperación a las diputaciones o entidades equivalentes, 8 vieron atendida su petición. Por el contrario, 3 de Salamanca obtuvieron respuesta negativa de la Diputación.
Cacabelos y Matallana de Torío, ambos en León, no recibieron asistencia del Consejo Comarcal y de la Diputación, respectivamente, a su solicitud de asistencia para el envío de la cuenta general.
Respecto de la Situación económico-financiera, con referencia a la ejecución presupuestaria de 2021, solo se dispuso de información completa de 7 de los 32 municipios. Los fondos líquidos de los 32 ayuntamientos se situaron a nivel agregado entre los 5,3 millones de 2018 y los 9,4 de 2021.
Según las contestaciones de las entidades fiscalizadas, como se ha reseñado, las causas del incumplimiento de la rendición guardan relación con la falta de medios personales y el retraso en la llevanza de la contabilidad, que afecta al 59% de los ayuntamientos. Por otro, en un 28% de los municipios existe falta de medios informáticos y se producen problemas con la generación de los ficheros de la cuenta general derivados de la aplicación contable de la entidad. Por último, 8 municipios apuntaron “otras causas”.
Concretamente, la acumulación y exceso de tareas por parte del funcionario con habilitación nacional es la principal causa esgrimida por 12 municipios ante las circunstancias que impiden o dificultan la rendición de sus cuentas. A continuación, figuran el retraso en la llevanza de la contabilidad, los problemas informáticos y la imposibilidad de adopción de acuerdos por la corporación local.
Durante el desarrollo de la fiscalización se constató un incremento significativo en la rendición de algunos de los ayuntamientos incluidos en la auditoría. Amilivia avanzó los datos de rendición en plazo de las cuentas de 2023 de las 4.741 entidades locales de la Comunidad, que alcanzan el 60,2%, mejorando en 7 de las 9 provincias, Una mejora interanual que, subrayó, obedece a propia fiscalización realizada y al requisito de la declaración responsable de la presentación de las cuentas en plazo para optar a ayudas del Fondo de Cooperación Local.
Recomendaciones del Consejo de Cuentas. En primer lugar, las entidades locales afectadas y de forma particular sus órganos de gobierno deberían adoptar las medidas necesarias para aprobar y rendir sus cuentas dentro de los plazos legales. El Pleno de la Corporación debería intensificar sus acciones de control respecto al puntual cumplimiento de los plazos relacionados con el ciclo presupuestario y contable.
En segundo término, las 8 diputaciones y la Comarca del Bierzo a las que pertenecen los 32 ayuntamientos fiscalizados deberían acometer medidas de seguimiento específicas, incrementando su nivel asistencial para que las entidades afectadas cumplan la obligada rendición de cuentas.
Por último, la Administración autonómica debería revisar las autorizaciones de acumulaciones conferidas a los funcionarios de habilitación nacional en aquellos supuestos en los que la entidad principal o el ayuntamiento acumulado dejen de rendir las cuentas de más de un ejercicio o incurran en incumplimiento del ciclo presupuestario.
Con esta, son 58 las comparecencias de Amilivia en el Parlamento durante el actual mandato en las que han sido analizados 133 informes de los 293 aprobados por el Consejo de Cuentas en toda su serie histórica, es decir, el 45% del total.
