La Administración General del Estado colabora además con la Junta de Castilla y León, responsable en exclusiva por primera vez del proceso electoral, en el préstamo de las urnas y cabinas y en lo que compete a la Oficina del Censo Electoral, voto CERA y voto por correo.
Todos los efectivos disponibles de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Castilla y León vigilarán el orden público y la seguridad ciudadana durante el próximo domingo, 13 de febrero, día de celebración de la jornada electoral. Habrá también un dispositivo de seguimiento, en todo lo relativo a la seguridad, en las subdelegaciones y en la Delegación del Gobierno. Este dispositivo estará coordinado con las delegaciones territoriales (donde habrá un módulo de incidencias en el que habrá representación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil), y con la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León.
La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha celebrado esta mañana dos reuniones mediante videoconferencia: una con los subdelegados del Gobierno de las nueve provincias y otra con los máximos responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Comunidad Autónoma, el general de la Guardia Civil, Luis del Castillo, y el jefe superior de Policía, Juan José Campesino, para repasar los detalles del dispositivo de seguridad que se ha establecido.
Sobre las competencias de la Administración del Estado en el proceso electoral, la delegada explicó que en esta ocasión, al no existir concurrencia con otros procesos electorales, la Administración del Estado, en virtud de sus propias competencias y de lo establecido en el Convenio marco de colaboración en materia de gestión electoral con la Comunidad de Castilla y León, asume únicamente las funciones relativas a la seguridad que corresponden a Policía Nacional y Guardia Civil, préstamos de material electoral -urnas, cabinas, soportes, etc.-, así como las funciones que competen a la Oficina del Censo Electoral, al Ministerio de Asuntos Exteriores (voto CERA) y al operador postal (Correos).
El proceso está, este 13 de febrero, por primera vez, exclusivamente en manos de la Junta de Castilla y León, si bien la delegada transmitió a subdelegados y fuerzas y cuerpos de seguridad la necesidad de máxima disponibilidad y colaboración de la AGE con la Administración autonómica.
Con respecto a las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, estas se ocuparán de la protección de los locales electorales, de los centros y dependencias oficiales y de las sedes de partidos concurrentes en los que se lleven a cabo actividades relacionadas con el proceso electoral.
El coste del dispositivo de seguridad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado correrá a cargo de la Administración General del Estado, mientras que en el caso de las policías locales, la competencia para el pago de gratificaciones corresponde a la Comunidad Autónoma.
Las diferentes subdelegaciones han convocado durante estos días juntas de seguridad para coordinar con las policías locales los dispositivos establecidos durante el 13 de febrero con el fin de que la jornada electoral se desarrolle con normalidad.
