Avance de resultados de la macroencuesta de SATSE en el conjunto del Estado sobre las agresiones al personal de enfermería
- Cerca de ocho de cada enfermeras y enfermeros considera que ha empeorado el ambiente laboral y la relación con los pacientes en los hospitales, centros de salud y otros centros sanitarios y sociosanitarios a lo largo de los dos últimos años de pandemia.
- Un 98 por ciento de las enfermeras y enfermeros consultados por el Sindicato de Enfermería reclama una Ley estatal que luche contra las agresiones físicas y verbales a los profesionales sanitarios de manera conjunta, coordinada y eficaz en el conjunto del Estado.
Siete de cada diez personal de enfermería, enfermeros y enfermeras, de nuestro país han sufrido una agresión física o verbal por parte de pacientes o familiares en los dos últimos años en los que nuestro sistema sanitario ha tenido que hacer frente a la pandemia del Covid-19, mientras que cerca de ocho de cada diez profesionales considera que en este tiempo ha empeorado el ambiente laboral y la relación con los pacientes.
Así se desprende del avance de resultados de la macroencuesta que SATSE ha realizado al conjunto de enfermeras y enfermeros de las diferentes comunidades autónomas para conocer la realidad actual sobre la violencia física (empujones, golpes, puñetazos…) y/o verbal (amenazas, insultos, vejaciones…) que sufren estos profesionales sanitarios a la hora de desarrollar su labor asistencial y de cuidados en los hospitales, centros de salud y otros centros sanitarios y sociosanitarios.
Según SATSE, los primeros resultados son concluyentes al refrendar que las agresiones, tanto físicas como verbales, afectan a una gran mayoría de estos profesionales sanitarios y que, a pesar del reconocimiento social manifestado al inicio de la pandemia del Covid-19, siguen siendo un grave problema que hay que abordar y resolver con urgencia.
El Sindicato de Enfermería subraya que el entendible hartazgo y frustración de la población al constatar el déficit estructural de recursos y medios que tiene la sanidad, y que la pandemia ha empeorado, está propiciando que algunos pacientes y familiares lo estén pagando con unos profesionales que, además de no ser los responsables de la situación, están haciendo todo lo posible para que no repercuta en la atención y cuidados pese a llevar ya dos años de lucha contra la pandemia.
En concreto, siete de cada diez enfermeras y enfermeros denuncian haber sufrido una agresión física o verbal por parte de pacientes o familiares en los dos últimos años, “una cifra muy preocupante que, sin duda, sitúa a las agresiones como uno de los principales riegos para su salud física, psicológica y emocional a la hora de desarrollar su labor asistencial y de cuidados”, recalca.
De igual manera, el 77 por ciento se muestra convencido de que el ambiente laboral y la relación con los pacientes ha empeorado en los últimos tiempos caracterizados por la fuerte sobrecarga y presión asistencial, así como el claro déficit de plantillas enfermeras, en el conjunto de nuestro sistema sanitario.
Ante esta lamentable realidad, la práctica totalidad del personal de enfermería consultados por SATSE en todo el Estado, un 98 por ciento, se muestran partidarios de aprobar una Ley estatal con la finalidad de crear un marco común de actuación a la hora de evitar las agresiones y actuar de la manera más eficaz y efectiva una vez que se han producido.
Una reivindicación que comparte el Sindicato de Enfermería que ya trasladó antes de la pandemia al conjunto de administraciones públicas y a los partidos políticos una propuesta concreta de Ley estatal que contempla más de 50 medidas y acciones en todos los ámbitos y niveles para luchar contra esta lacra que afecta especialmente a las enfermeras y enfermeros. Al respecto, la organización sindical rechaza que cada servicio autonómico de salud “vaya por su cuenta” y establezca ciertos protocolos y medidas de manera independiente y descoordinada con el resto de las administraciones, lo que lleva a no combatir el problema de manera conjunta, coordinada y eficaz, obteniendo siempre resultados “absolutamente insuficientes y discriminatorios”.
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