Las OPAs han manifestado su disconformidad con la publicación de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos, con la que el Gobierno de España ha prohibido la quema de restos vegetales generados en el entorno agrario o forestal
La delegada territorial, Yolanda de Gregorio, ha presidido esta mañana la reunión del Consejo Agrario Provincial de Soria. Se trata del órgano de diálogo entre la Junta de Castilla y León y el sector primario, representado a través de las organizaciones profesionales agrarias.
De Gregorio ha aprovechado esta reunión para transmitir al sector su compromiso personal con el trabajo de agricultores y ganaderos. Resaltando la importancia que tiene la organización de los aprovechamientos para conseguir una mejor convivencia de los distintos usos que se dan sobre las superficies agrarias de la provincia.
Juntas agrarias locales
De acuerdo con lo que dispone la Ley Agraria de Castilla y León, el Consejo Agrario ha informado favorablemente diferentes aspectos relacionados con las juntas agrarias locales (JAL).
Ha informado favorablemente la propuesta para que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León. Esta reconoce a los ayuntamientos de Caracena, Magaña y Pinilla del Campo como órganos sustitutorios de las juntas agrarias locales en sus respectivos municipios. En los tres casos será la entidad local la que, de acuerdo con la legislación agraria, ejerza las competencias sobre adjudicación de pastos de ordenación común. Dado que no se ha constituido ninguna asociación de agricultores, ganaderos y propietarios a la que se le pueda reconocer como junta agraria local.
En la misma línea, el Consejo ha dado el visto bueno a la propuesta para reconocer como Junta Agraria Local a la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Fuentecantos. En este municipio no existía, hasta ahora, Junta Agraria Local. Pero al contrario que en los municipios antes citados sí se ha formado una agrupación de agricultores y ganaderos. A partir de su reconocimiento como JAL, ejercerá las competencias públicas que la legislación agraria prevé para una mejor organización del aprovechamiento de los pastos, hierbas y rastrojeras.
Por otro lado, se ha informado favorablemente la modificación de Ordenanzas de la Junta Agraria Local de Los Rábanos. En ellas se recogen las condiciones específicas en la que se produce el aprovechamiento de los pastos de esta localidad cercana a Soria.
Contra la prohibición de quemas de restos vegetales
En el punto del orden del día dedicado a ruegos y preguntas, los representantes de Asaja y de la Alianza para la Unidad del Campo (UPA-COAG), han planteado diferentes cuestiones. Todas ellas, que, a su juicio, suponen distintas amenazas para la actividad en nuestros pueblos.
Carmelo Gómez, de Asaja, ha puesto de manifiesto su disconformidad con la publicación de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos. Con ella se ha prohibido la quema de restos vegetales generados en el entorno agrario o forestal, «dando una alternativa de gestión absolutamente inviable. Desde el punto de vista económico y absurda desde el punto de vista ambiental». Ha expresado su desacuerdo con la inclusión por parte del Gobierno de España de esta prohibición dentro de una norma de gestión de residuos y suelos contaminados. En la misma línea de “desconocimiento total de la realidad rural” que ha dado lugar a normativas similares, como puede ser la del lobo.
La delegada territorial ha puesto de manifiesto que actualmente se están autorizando unas 2.000 quemas anuales de residuos en toda la provincia. Como un método de eliminación idóneo de restos vegetales generados en la limpieza de solares, zonas de cultivo o en labores propiamente forestales. Por otro lado, ha informado que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio no está de acuerdo con la prohibición de quemas que el Ministerio ha incluido en la norma publicada el pasado 9 de abril. Haciendo caso omiso de las sugerencias que, por parte del Gobierno regional se hicieron a dicha norma.
Control cinegético del lobo
Raúl Ramírez, de UPA, ha puesto de manifiesto que la normativa vigente que impide el control cinegético de las poblaciones de lobos ha tenido como consecuencia que se hayan incrementado los daños de estos cánidos a los rebaños de ovino de la provincia. A su juicio, esto es el final del ovino en las zonas de montaña. También ha comentado que se están comenzado a producir ataques a otras ganaderías, concretamente a potros y terneros.
Por parte de los representantes agrarios se comentaron la mejora de los ratios de prevalencia de la tuberculosis bovina en 2021, cifrada en el 0,34 % de los animales. La delegada ha confirmado el compromiso de la Junta de Castilla y León con la sanidad animal. Agradeciendo a los ganaderos el esfuerzo para conseguir esos mejores resultados cada año. Y esperando que el cambio de estatus sanitario provincial «permita un mejor comercio y una mayor rentabilidad de nuestra ganadería».
