Entre las novedades, el grado reconocido de discapacidad se ve modificado y pasa a ser del 65 % en vez del 75 %
La regulación que se plantea en este decreto trae como causa la necesidad de actualizar la normativa que regula los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, así como la norma que regula la cobertura de personal temporal en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, Decreto 21/2018, de 26 de julio.
Implica una puesta al día de los requisitos complementarios de acreditación que vienen exigiéndose a estas personas a los efectos de la superación de los procesos selectivos, tanto con carácter previo, como con posterioridad incluso a la superación, en su caso, de todo el proceso. Con esta regulación se pretende mejorar así mismo el proceso de adaptación del puesto a la persona con discapacidad, la formación y preparación al mismo.
El decreto satisface también el principio de proporcionalidad. La regulación que esta norma contiene es la imprescindible para atender a las exigencias que el derecho al acceso al empleo público requiere.
Entre las novedades en el mismo, el grado reconocido de discapacidad se ve modificado y pasa a ser del 65 % en vez del 75 % como estaba contemplado hasta el momento; las pruebas selectivas contemplarán adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo; habrá una especial atención al desarrollo de la persona en su puesto de trabajo derivando en un Plan de Incorporación específico para facilitar su ingreso, circunstancia por la que la Junta, a raíz del trabajo de las Consejerías de la Presidencia y de Familia e Igualdad de Oportunidades, ya fue premiada en 2020 con el Premio ‘Plena Inclusión’ en la categoría ‘Apoyo en el Puesto de Trabajo’.
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