El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy autorizar al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio la formalización de un convenio de colaboración con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la ejecución del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025. El importe total del convenio es de 101,6 millones de euros, de los que el Ministerio aporta casi 78 millones y la Consejería los 23,7 millones restantes. La vigencia de este convenio es de cuatro años.
El Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, diseña un conjunto de programas y medidas con los que facilitar el acceso a la vivienda de las personas con mayores dificultades. En su regulación prevé que las comunidades autónomas puedan determinar, en ejercicio de sus competencias exclusivas en materia de vivienda, qué programas de ayudas implantar en su ámbito territorial. A tal efecto permite que la gestión de los programas se lleve a cabo a través de los convenios que cada comunidad suscriba con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
En cuanto a la dotación económica para las subvenciones del Plan, Castilla y León recibe un 5,4 % del total de los fondos nacionales, tal y como se acordó en Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo el pasado 9 de marzo, relativa a la distribución de fondos. Dicho porcentaje coincide con el que ya obtuvo Castilla y León en el anterior Plan 2018-2021 a pesar de que, como indicó el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en aquella conferencia sectorial, dicho criterio debe ser revisado, pues no tiene en cuenta las peculiaridades territoriales de esta Comunidad.
En concreto, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se compromete a aportar, como máximo y por anualidades, para la financiación de las subvenciones del Plan de acceso a la vivienda en Castilla y León un total de 77.922.000 euros distribuidos en cuatro anualidades de la siguiente manera: 18.630.000 euros en 2022; 19.386.000 euros en 2023; 19.872.000 euros en 2024; y 20.034.000 euros en 2025.
Por su parte, Castilla y León se compromete a cofinanciar actuaciones del Plan en al menos 23.696.400 euros con el siguiente límite máximo por anualidades: 5.589.000 euros en 2022; 5.922.400 euros en 2023; 6.068.200 euros en 2024; y 6.116.800 euros en 2025.
El convenio, para cuya firma ha sido autorizado hoy el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, permitirá la puesta en marcha de tres clases de programas: los destinados a ayudar al pago de la renta de alquiler de la vivienda, los destinados a lograr un incremento del parque público de alquiler y los destinados a mejorar la accesibilidad de las viviendas.
En cuanto a los primeros, Castilla y León pondrá en marcha convocatorias de ayudas al alquiler tanto para personas con escasos recursos (especialmente para los jóvenes), como para personas vulnerables por diversas circunstancias (víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar) como para quienes devienen vulnerables de forma sobrevenida (por pérdida repentina de empleo).
De estas convocatorias cabe destacar la apuesta decidida que hace Castilla y León por los jóvenes y el medio rural, porque se convocarán ayudas al alquiler que permitan sufragar hasta el 75 % de la renta para aquellos jóvenes menores de 35 años que apuesten por implantarse en el medio rural (municipios de menos de 10.000 habitantes). Se trata de una apuesta que implicará aportar una parte de fondos propios, pues en el marco del Real Decreto sólo se llegaría a subvencionar hasta el 60 % del alquiler.
Respecto a los programas de incremento del parque público de alquiler, se prevé la puesta en marcha de varios que permitirán, o bien la adquisición por las administraciones públicas de viviendas existentes para pasar a integrarlas en el parque público de alquiler social o financiarán la puesta a disposición de viviendas en favor de las administraciones públicas para que estas puedan destinarlas a alquiler social.
Finalmente, será objeto también de implantación el programa de mejora de la accesibilidad de las viviendas, cuya pretensión es mejorar las condiciones de habitabilidad para quienes necesiten acometer obras de reforma relacionadas con las barreras arquitectónicas (ascensores, salvaescaleras, rampas, etc).
Una vez suscrito el convenio, la Comunidad estará en condiciones de convocar para la ejecución de la totalidad de los fondos convenidos -101,6 millones de euros- las correspondientes líneas de ayuda o suscribir acuerdos bilaterales de la comisión de seguimiento del convenio previos a la concesión directa de subvenciones.
