Califican el vertido excesivo de nitratos de “terrorismo medioambiental” que la Comisión Europea y el gobierno de España no atajan y que mantiene desabastecidas a miles de personas.
El Ayuntamiento de Fuentecantos envió el pasado 10 de enero a sus vecinas y vecinos una carta pública en la que se abordaba la situación actual del problema de contaminación del agua de boca que sufre el municipio. Esta misiva también fue remitida a la subdelegación del gobierno en Soria, así como a los Ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico y al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
“Hace más de 5 años que en nuestro pueblo no se cumplen los derechos humanos”, señala Juan Carlos García, alcalde de Fuentecantos, “puesto que en a Asamblea General de las Naciones Unidas de 2010 se reconoció el derecho humano al agua potable”. Dicha misiva repasa retrospectivamente la situación del municipio desde que en 2017 su aguar corriente fuese declarada no potable, a lo que siguió la instalación de un único punto de abastecimiento de agua potable para toda la localidad y posteriormente la solución a corto y medio plazo de la conexión al depósito de agua de Garray para los municipios de Fuentecantos, Fuentelsaz y Buitrago. Está solución es gracias y la implicación de la Junta de Castilla y León, que financia casi el 80% del coste del proyecto de abastecimiento y al Ayuntamiento de Garray.
Desde el consistorio califican la contaminación que sufren de ”El terrorismo medioambiental legalizado con el vertido excesivo de nitratos, que es un problema que la Comisión Europea y el gobierno de España deciden no atajar y que supone que miles de personas de zonas rurales tengan manantiales en sus municipios de los que no puedan abastecerse.” Asimismo, exigen al gobierno “cuantas acciones legales sean necesarias para prohibir contaminar nuestro bien más necesario, el agua potable, así como ayudar a la transformación y modernización agraria que tanto necesita nuestro país”, y lo comparan con el Real Decreto que regula el tamaño máximo de las explotaciones de bovino y que limita su capacidad máxima a 850 cabezas de ganado.
“129.338€ separan el cumplimiento de los derechos humanos en España”, asevera García, solicitando al gobierno del Estado que se implique en la solución al problema como corresponsable, aportando la cuantía económica que falta y que a día de hoy tienen que costear entre los municipios de Fuentecantos, Fuentelsaz de Soria y Buitrago. “¿Cómo vamos a ser un país con transición ecológica si seguimos contaminando nuestros acuíferos? ¿Cómo conquistar nuevos derechos si ni si quiera se cumplen los derechos humanos en España?”, señalan desde el ayuntamiento, que ya solicitó ayuda a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través de las a la Convocatoria 2022 de subvenciones destinadas a acciones para el impulso de la Agenda 2030 en entidades locales. El proyecto se ha quedado sin crédito suficiente para poder desarrollarse.
El primer edil concluye afirmando que “la evidencia es innegable: sin agua potable nadie puede crear un proyecto de vida. Ningún país que no tenga garantizado el derecho a acceso a agua potable puede hablar de igualdad de la ciudadanía ni de modernización con otros países europeos, y ningún municipio sin agua potable puede afrontar la repoblación de la España Vaciada.”
