Tras varias semanas de efectividad de la huelga que fue convocada por los representantes del colectivo de Letrados de la Administración de Justicia -seguida, a día de hoy, por una parte significativa de sus integrantes adscritos a los Juzgados y Tribunales de Soria-, los parlamentarios nacionales del Partido Popular de Soria -el diputado Tomás Cabezón y los senadores Gerardo Martínez y José Manuel Hernando- «queremos expresar nuestra preocupación ante una situación que empieza a ser insostenible, que redunda en perjuicio de los ciudadanos demandantes de justicia y va en claro detrimento del adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales en nuestra provincia y en el resto de España».
«Nuestra postura no puede ser otra que la de apoyar a los Letrados de la Administración de Justicia, sobre la base de los siguientes argumentos»:
- «No sólo es justo, sino plenamente razonable que se adopten las medidas necesarias con el fin de adaptar las retribuciones de los LAJ al creciente volumen e importancia de las funciones y responsabilidades asignadas a este Cuerpo en las últimas modificaciones legislativas que les afectan».
- «Tras ocho semanas de huelga resulta inconcebible que la ministra de Justicia, Pilar Llop, no se haya dignado siquiera a sentarse al objeto de escuchar a este colectivo en sus reivindicaciones».
- «Es inaceptable que no se hayan aprobado las bases de una negociación con el colectivo de los LAJ, basada en la comprensión y en la buena fe».
- «Las taras del gobierno de Pedro Sánchez se muestran con toda claridad en este conflicto, al que ha aplicado una política informativa basada en falsedades con la única finalidad de denigrar a los Letrados de la Administración de Justicia y negarles el mínimo reconocimiento que merecen, a la vista de la labor impagable que vienen realizando en la protección y satisfacción de derechos fundamentales de los españoles».
«En suma, los parlamentarios nacionales del Partido Popular de Soria instamos al gobierno y a su ministra de Justicia, Pilar Llop a que se reúnan con los representantes del colectivo de Letrados de la Administración de Justicia, que se avengan a negociar sobre la base de que este Cuerpo desarrolla una labor esencial para el pleno desarrollo del Estado de Derecho y tome las medidas necesarias para poner término al conflicto que tanto está perjudicando a uno de los pilares de nuestra democracia», concluye.
