La Alianza UPA-COAG, hace llegar este comunicado en relación al pago de 3€/tm del cultivo de remolacha que afectará a 5.000 agricultores:
La Alianza UPA-COAG muestra su enorme satisfacción porque la persistencia y trabajo de nuestra organización haya provocado que la Junta de Castilla y León se haya visto obligada a anunciar en las últimas horas que este año abonará 10 millones de euros a los 5.500 remolacheros de Castilla y León correspondiente a la PAC 2011. Un anuncio que, curiosamente, se realiza al inicio de un año electoral, y que confiamos se vea confirmado con hechos.
Nuestra organización recuerda que el Gobierno regional rompió el acuerdo alcanzado en marzo del 2008 suscrito por la Consejería de Agricultura, Azucarera y Acor, y no concedió la ayuda que ella misma promovió durante las campañas PAC 2011, 2012 y 2013. Esto motivó que la Alianza UPA-COAG emprendiera distintas actuaciones a nivel judicial (ver cuadro).
En septiembre de 2012 presentamos recurso de reposición, y la Junta publicó la inadmisión de los recursos presentados. En junio de 2013 interpusimos recurso ante el TSJCyL y en junio del 2016 recibimos la sentencia favorable a nuestra organización que obligaba a la Junta a tramitar todas las ayudas de remolacha de la PAC 2011. En septiembre del 2016 se comunicó el auto del TSJCyL aclarando que la Junta debía abonar las ayudas con intereses.
Lejos de admitir la derrota en los tribunales, la actual Consejería recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo y así ha transcurrido el tiempo hasta hoy, donde por fin no le ha cabido otra a la Junta más que reconocer que pagará en este 2019 las cantidades comprometidas en su día. Por este motivo, exigimos que asuma responsabilidades al más alto nivel quién tomó la decisión de recurrir con el dinero de todos los contribuyentes, incluidos los propios remolacheros.
La Alianza UPA-COAG recuerda que este empecinamiento de la Consejería de Agricultura por negar la evidencia podría haberse ahorrado y los remolacheros deberían haber cobrado lo que les corresponde mucho tiempo antes. De hecho, la decisión de la Administración regional parece que responde a una estrategia antes de la decisión que debería adoptar el Tribunal Supremo a favor de los intereses remolacheros y, quizá, eludir de esta manera el pago de los intereses acumulados.
Precisamente, este grave incumplimiento de los compromisos adquiridos por la Junta es uno de los factores, entre otros, que han ido minando la moral de los remolacheros y que explica, en parte, la caída de la superficie de siembra que ha experimentado el cultivo en los últimos años. A este respecto, nuestra organización quiere dejar bien claro que la medida anunciada por la Consejería sería el pago de una deuda del pasado, pero con poca o nula repercusión sobre lo que vaya a pasar en el futuro, que está condicionado por la voluntad de AB Azucarera de cumplir o no sus compromisos en el seno del AMI.
Lo cierto es que las actuaciones judiciales de nuestra organización han provocado que el Gobierno regional vaya a pagar a todos los remolacheros, incluidos a los que no recurrieron a los Tribunales, siendo la Alianza UPA-COAG la única de las OPAS que hizo frente a los costes judiciales, no habiendo supuesto desembolso específico alguno a los remolacheros, como sí ocurrió en las actuaciones de otras organizaciones agrarias.
