Agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León de la oficina comarcal de San Esteban de Gormaz de Soria han denunciado a dos personas, un cazador y al responsable de una orgánica, quien tiene el derecho al aprovechamiento cinegético de los corzos en ese acotado. Los hechos se produjeron el 1 de abril, siendo el primer día de la desveda de corzo de la temporada 2024-2025 en Castilla y León, a las 11.35 horas, en la pedanía de Quintanas Rubias de Arriba, dentro del término municipal de San Esteban de Gormaz.
Los agentes medioambientales interceptaron a dos personas, las cuales declararon que venían de realizar un rececho de corzo, que, dentro de sus vehículos, transportan tres cuerpos enteros de corzo macho y tres cabezas también de corzo macho sin cuerpo. Todos ellos portaban un precinto al que no se le había retirado la parte correspondiente a la matriz, ni habían sido recortados para su marcaje para la fecha de captura.
De acuerdo con el punto 8 de la Orden MAM/829/2011, de 13 de junio, por la que se establece el sistema de precintado de piezas de caza mayor para el control de la ejecución de los Planes Cinegéticos de los Cotos Privados y federativos de Caza de Castilla y León, una vez abatida la pieza, el cazador no podrá desplazarla a otro lugar hasta no haber colocado el precinto correctamente cumplimentado sobre ella y haber procedido a cortar la matriz respecto del precinto propiamente dicho. Asimismo, los agentes medioambientales pudieron determinar que los precintos se encontraban presuntamente manipulados al no cumplir con lo especificado en el anexo I de la orden MAM/829/2011.
Por los hechos descritos, la Junta de Castilla y León incoará el oportuno procedimiento sancionador, a las dos personas identificadas, por la comisión de varias infracciones tipificadas en la Ley 4/2021, de Caza y Gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León, con multas que oscilan entre 2000 y 10000 euros. Asimismo, la indemnización por el valor de las piezas de caza al titular cinegético, de acuerdo con la citada ley, está establecida en 5000 euros por cada corzo macho. Del mismo modo, se ha dado traslado a la fiscalía para que actúe vía penal.
