Soria ¡YA! ha defendido hoy en la comisión de Educación una nueva proposición no de ley (PNL) en la que instaba a la Junta a ampliar el servicio de transporte escolar al primer ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años), haciendo hincapié en su implantación en el medio rural de la Comunidad.
Juan Antonio Palomar, procurador por Soria, ha sido el responsable de defender esta iniciativa ante los miembros de la comisión. Anteriormente, en el pleno de las Cortes celebrado el 6 de febrero, la procuradora Vanessa García planteó este asunto a la consejera de Educación, la soriana Rocío Lucas, en una pregunta oral.
«Como la respuesta de la consejera no nos convenció, ya que sólo puso impedimentos a esta ampliación del servicio, decidimos llevar esta iniciativa a comisión en forma de proposición no de ley», declaran desde Soria ¡YA!.
Esta propuesta de la agrupación soriana no ha salido adelante por el voto en contra de los representantes del bipartito PP-VOX, entre los que se encontraba el procurador soriano del PP, Pedro Antonio Heras. «Una vez más, el señor Heras vota en contra de algo que es bueno para las familias sorianas a las que dice que representa», critican desde el movimiento ciudadano.
Soria ¡YA! considera acertada la puesta en marcha de la universalización de la gratuidad de la Educación Infantil, dentro de la edad que abarca hasta los 3 años, «pero lo cierto es que, como consecuencia de esta medida, se dan una serie de desigualdades que deben ser corregidas. Y estas desigualdades hacen referencia a las familias que viven en el mundo rural», ha señalado Palomar en su intervención.
Para el movimiento ciudadano es necesario que la Junta amplíe el servicio de transporte escolar a este alumnado, incidiendo en la necesidad de que abarque los pueblos de la provincia, «alejados de los servicios básicos de los ciudadanos, en este caso, de la educación que se oferta por parte de la Junta». En este sentido, el procurador de Soria ¡YA! también ha señalado «que son los propios progenitores quienes tienen que llevar a sus hijos e hijas a la escuela y, como consecuencia de estos desplazamientos, muchos padres no pueden conciliar su vida laboral».
Según Soria ¡YA!, se vuelve a penalizar a las familias que deciden vivir en pueblos, ya que se les discrimina al no facilitarles un servicio necesario en estas pequeñas localidades, para así acceder en igualdad de condiciones a la nueva oferta de Educación Infantil gratuita. «La decisión de vivir en el mundo rural se castiga a la vez que se premia la de aquellos que viven en las ciudades. Se priva a las familias rurales de un derecho que sí se está otorgando a otros», ha denunciado el procurador soriano.
Palomar se ha preguntado qué pasará, según el criterio de la Junta para no ampliar el servicio, con los alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil (de 3 a 5 años) que no hayan cumplido los 3 años en el momento de comenzar el curso en septiembre, y que hayan nacido en los últimos meses del año.
Soria ¡YA! cree que es posible ampliar este servicio de transporte a alumnos que oscilan entre los 0 y los 3 años, ya que las normas son similares a la de los niños mayores de esa edad. «El Real Decreto en el que se regulan las condiciones de seguridad del transporte escolar de menores no se hace mención específica a limitación alguna por motivos de edad, es más, a lo largo de su articulado habla de edades menores de 16 años, sin especificar una edad mínima».
Asimismo, Juan Antonio Palomar ha indicado durante su defensa de la PNL que, según la normativa vigente, no se exige ningún tipo de elemento especial de protección, «más allá de la obligación, igual que se impone a los menores que superen aquella franja de edad, de tener que ser transportados con un cuidador, además del conductor del autobús. Los sistemas de retención necesarios para el transporte de esta franja de edad son los mismos que para edades superiores».
En opinión de Soria ¡YA! no existe restricción normativa alguna que impida implantar este transporte y «favorecer a los menores que viven en un entorno rural y necesitan de este servicio para poder obtener la gratuidad educacional».
Para el movimiento ciudadano supone una inversión razonable y su implantación no implica ningún obstáculo, «ya que las rutas ya están establecidas, los sistemas de protección ya existen en los vehículos que prestan el servicio y los menores que necesitan este transporte suponen un número perfectamente asumible, sólo hace falta voluntad política».
