Frenar el progresivo vaciamiento del medio rural es uno de los ejes estratégicos de las políticas de la Junta de Castilla y León. Además, la característica dispersión demográfica de la Comunidad supone también un reto para poner coto a esta despoblación. Por ello, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades puso en marcha las subvenciones a familias por traslado de residencia al ámbito rural, de las cuales ya se ha hecho pública la segunda resolución con las correspondientes concesiones.
Se han otorgado un total de 22 ayudas, cinco más que en la anterior, publicada hace dos meses y que fue la primera después de que se publicara la convocatoria el pasado mes de junio. El importe total concedido en esta remesa es de 42.000 euros, 12.000 más que en la resolución previa. Es decir, se habrán entregado, entre las dos resoluciones, un total de 72.000 euros. Además, de las 22 familias beneficiarias, 20 de ellas tienen hijos. En la anterior concesión, de 17 núcleos familiares que recibieron esta ayuda, 13 tenían descendencia. Los interesados pueden consultar la resolución de estas ayudas en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León .
El objetivo de la Junta es atraer población de otras comunidades autónomas a los pueblos de menos de 20.000 habitantes. Quedan excluidos, por tanto, los núcleos poblacionales de Aranda de Duero y Miranda de Ebro —Burgos—, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo —León— y Arroyo de la Encomienda, Laguna de Duero y Medina del Campo —Valladolid—.
Se trata de una ayuda que se concede de manera directa a las familias que se trasladen por estricto orden de presentación, cuyo plazo es de un mes desde la fecha de empadronamiento en un municipio castellano y leonés. El propósito es fijar población de manera sostenida siempre a través de subvenciones que oscilan entre 1.000 y 2.000 euros, siempre y cuando los solicitantes cumplan con una serie de requisitos.
El primero de ellos es el traslado de la residencia habitual de la unidad familiar a un municipio del medio rural castellano y leonés, con su correspondiente empadronamiento, siempre y cuando proceda de otra comunidad autónoma distinta o de una de las dos ciudades autónomas, y que esa residencia previa se haya prolongado durante, al menos, un año inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud. Además, todos los miembros de la familia deberán haberse empadronado en el mismo domicilio de una localidad de Castilla y León, dentro del periodo que establezca la convocatoria que, en la publicada en junio, establece entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. Este empadronamiento deberá mantenerse un mínimo de dos años desde que se conceda la subvención.
Los solicitantes no pueden haberse beneficiado de las ayudas del programa ‘Pasaporte de vuelta’ —concedida por la Junta a castellanos y leoneses con ascendencia en la Comunidad para facilitar su retorno— u otras ayudas autonómicas con los mismos fines.
Otro de los requisitos está relacionado con el empleo: al menos uno de los miembros de la familia debe desarrollar una actividad profesional en Castilla y León, sea por cuenta propia o ajena —debe estar dado de alta en la Seguridad Social—, una condición que se considerará cubierta en caso de teletrabajo siempre y cuando dicho régimen esté acreditado por el empleador.
Si algún integrante de la unidad familiar está en edad de escolarización obligatoria, esta deberá haberse realizado en un centro escolar de la Comunidad. Por último, toda la familia ha de estar dada de alta en el sistema autonómico de salud y, por tanto, contar con la correspondiente tarjeta sanitaria.
En cuanto a la cuantía de las ayudas, es de 1.000 euros para las familias sin hijos y de 2.000 para aquellas con hijos menores o en guarda adoptiva a su exclusivo cargo. En el caso de las familias compuestas por dos o más hermanos, la ayuda es de 1.000 euros si todos alcanzan la mayoría de edad y de 2.000 si aún hay alguno que aún es menor.
