Este Pacto por las Familias de Castilla y León contará con medidas para facilitar el acceso a la vivienda, incentivar el empleo y garantizar la conciliación
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha suscrito hoy con representantes de 45 entidades del Tercer Sector el ‘Pacto por las Familias de Castilla y León’, que incluye un total de 56 medidas. Un acuerdo que es fruto de la voluntad de diálogo del Ejecutivo autonómico con el tejido asociativo y la sociedad civil para apoyar a las familias de la Comunidad que más lo necesitan y, así, seguir mejorando su calidad de vida.
Fernández Mañueco ha destacado que este pacto surge desde un Gobierno estable que está transformando la sociedad, impulsando el futuro de Castilla y León, y que, a su vez, permite avanzar en servicios sociales, ofrecer los mejores servicios públicos de España y generar más bienestar para las personas.
Además, ha agradecido la importante labor que realizan estas entidades y ha señalado que, con el pacto que hoy se ha firmado, se blindará la protección a las familias vulnerables, y también a aquellas de clase media que puedan atravesar momentos de dificultad por la inflación, circunstancias laborales u otras causas.
Garantía de recursos para una vida digna
Uno de los objetivos de este acuerdo es cubrir las necesidades básicas de todas aquellas familias en riesgo de pobreza a través de la inserción sociolaboral. Por ello, la Junta y las 45 entidades del Tercer Sector han acordado trabajar en un nuevo modelo de Renta Garantizada de Ciudadanía para la activación social de las personas, sobre todo en los hogares con menores.
Fernández Mañueco ha señalado que, se vincularán estas ayudas para personas o familias vulnerables a la búsqueda de empleo y a la escolarización de sus hijos. Además, se tramitará una nueva petición al Gobierno de España para que transfiera la gestión del Ingreso Mínimo Vital.
El pacto recoge tanto el acceso a una vivienda, como la garantía de que ésta disponga de las condiciones adecuadas de habitabilidad. Para lograr estos objetivos, en primer lugar, se impulsarán ayudas al alquiler dirigidas a todas las personas cuyos ingresos anuales estén comprendidos entre 0,5 y 3 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), y se otorgarán con un criterio progresivo, para que aquellas familias con rentas más bajas puedan recibir mayor porcentaje de recursos.
Además, se van a incrementar las plazas para el alojamiento de personas vulnerables, se agilizará el pago del bono social térmico y se facilitará la adaptación de viviendas para las personas de movilidad reducida.
Las actuaciones en materia de vivienda tendrán una perspectiva rural, a través de la promoción y rehabilitación de vivienda pública en los municipios, principalmente destinada a jóvenes, así como mediante la bonificación del alquiler.
Por otro lado, este pacto supone la consolidación de la educación gratuita de 0 a 3 años, así como becas, ayudas y apoyos a estudiantes, la garantía de la gratuidad total de los servicios de comedor o madrugadores y de los libros de texto, y actuaciones contra el absentismo escolar, impulsando para ello el refuerzo educativo.
En materia de empleo, la Junta aumentará los itinerarios de inserción para encontrar una ocupación laboral y la coordinación entre los servicios educativos, sociales, de empleo, Tercer Sector y empresas, con el objetivo de mejorar la eficacia de la integración laboral. El acceso al mercado de trabajo es un elemento fundamental y, por ello, la Junta apuesta de manera decidida por las políticas activas de empleo, tanto en empresas del mercado ordinario como de inserción.
Además, el Ejecutivo autonómico pondrá en marcha un servicio de apoyo a la integración sociolaboral de jóvenes procedentes del Sistema de Protección a la Infancia.
Historia Social Única
La colaboración entre las administraciones públicas y las entidades del Tercer Sector en materia de Servicios Sociales es fundamental para canalizar los recursos y llegar a más capas de población de manera eficiente. En este sentido, la innovación tecnológica es una herramienta fundamental para agilizar todos los procesos que tratan de abordar las situaciones de emergencia social.
Por ello, la Junta de Castilla y León implantará este año la denominada ‘Historia Social Única’, un elemento clave para que el sistema de protección social de Castilla y León sea aún más eficaz. Además, se va a profundizar en una mayor cooperación territorial y en la integración de todos los actores, tanto en el diseño como en los programas en el ámbito social.
