Desde la Consejería de Movilidad y Transformación Digital se insiste en que la propuesta del Gobierno central carece de financiación adecuada y se limita a solo dos años, siendo un planteamiento negativo para Castilla y León y que no cuenta con el beneplácito de las comunidades autónomas.
La Junta de Castilla y León ha transmitido por carta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible su rechazo a la decisión unilateral del Gobierno de España que exigía que las comunidades autónomas asumieran tráficos del nuevo Mapa Concesional Estatal de transporte en autobús, o fuese el Ministerio el que las gestionase con unos criterios que no son adecuados para una comunidad donde el transporte vertebra el territorio y debe atender a las necesidades ciudadanas. “Nos parece inaceptable el planteamiento y las opciones que ofrecen no garantizan los servicios”, ha subrayado el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino.
El máximo responsable de la Consejería ha insistido en la “falta de diálogo” al no querer “abordar este problema al máximo nivel político con una Conferencia Sectorial de Transporte como órgano donde debatir el Mapa Estatal de transporte de viajeros por carreteras al ser un tema de gran calado”. Como ya se indicó en una pasada reunión de directores generales como último foro de debate, «se lleva pidiendo esta Conferencia durante tres años y se está desoyendo el sentir de las comunidades autónomas”. En esa reunión ya se retiró el punto del orden del día al encontrarse con el rechazo de 11 comunidades autónomas.
Un Mapa Estatal cuyo borrador del año 2022 suprimiría 474 paradas en 346 municipios de Castilla y León y que “no responde a las necesidades de cohesión y vertebración territorial de nuestra Comunidad”, ha señalado Sanz Merino. La propuesta del Gobierno que plantea una financiación limitada con 40 millones de euros para que estas rutas pasen a ser gestionadas por las comunidades y sin vocación de continuidad. Mientras que la otra opción de que el Ministerio asuma los tráficos no deja claro que vaya a mantener estas paradas en el futuro al ser deficitarias. “Hemos suscrito el mismo rechazo por la falta de garantías en la financiación y en la prestación de los servicios tal y como están en la actualidad”, ha indicado.
Se trata de dos modelos de gestión de un servicio público totalmente opuestos”, han destacado desde la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, al tratarse de un modelo que suprime paradas, y otro como el de la Junta que será gratuito para empadronados en las 2.610 rutas autonómicas, como medida de fijación de población, ahorro a las familias, y acceso a otros servicios públicos.
