ASFOSO considera que la reforma desplaza responsabilidades esenciales de la administración regional hacia titulares y ayuntamientos generando inseguridad jurídica y un posible aumento del abandono de montes, ya sean públicos o privados.
La organización soriana asegura que la normativa pone en una situación de indefensión a la parte más débil de la cadena de valor del sector.
La Asociación Forestal de Soria (ASFOSO) solicita a la Junta de Castilla y León y al conjunto de la clase política una profunda reflexión sobre el Decreto-Ley 2/2025, de 23 de octubre, de medidas urgentes frente al riesgo de incendios forestales. La petición se debe a que esta organización considera que la reforma es lesiva para los propietarios de montes en siete de sus ocho puntos. Concretamente, desplaza responsabilidades esenciales de la administración regional hacia los titulares y los ayuntamientos, generando inseguridad jurídica y un posible aumento del abandono de montes, ya sean públicos o privados.
Cómo afecta a los titulares de montes
Una de las reformas que recoge este Decreto-Ley es que traslada a los titulares de terrenos la obligación de conservarlos en condiciones de seguridad frente al riesgo de incendios. Esta propuesta supone un cambio tremendamente significativo respecto a la forma en la que estaban articulados hasta ahora los derechos y deberes de los propietarios forestales. El sistema vigente establece que, en caso de definirse esas medidas de prevención de incendios, los propietarios de montes están obligados bien a realizar las medidas previstas, bien a permitir que la administración las realice.
ASFOSO entiende que la medida en vigor no es acorde con el escenario de falta de rentabilidad de los montes de Castilla y León. Por ello, califica de desproporcionada la reforma planteada por la Junta de Castilla y León de trasladar a los propietarios la responsabilidad y el coste de conservarlos en condiciones adecuadas frente a los incendios.
La Asociación Forestal de Soria recuerda que el 60% de la superficie de la provincia es monte. Con más de 600.000 hectáreas calificadas como terreno forestal, un 68% pertenece a particulares, un 27% a entidades locales y un 5% al Estado y a las comunidades autónomas. Introducir esta responsabilidad supondría un importante perjuicio económico para la provincia y que la mayor parte de titulares no podrían soportar, propiciando, previsiblemente, el abandono de muchas explotaciones.
ASFOSO considera que en tanto no se compense a los propietarios de montes por los servicios ambientales que estos generan, es inmoral pedirles nuevas obligaciones.
Parte del peso sobre los ayuntamientos
La reforma planteada traslada a los ayuntamientos una parte del peso preventivo a través de la confección de ordenanzas municipales de prevención de incendios forestales con el objeto de garantizar la seguridad de la población frente al riesgo de incendios. Además, de la obligación de declarar la emergencia para la realización de estos trabajos.
Desde ASFOSO se considera que es un error transferir esa responsabilidad desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente hacia la administración local, especialmente a pequeños ayuntamientos que no tienen la capacidad de asumirla. Este paso, en caso de realizarse, sólo contribuiría a generar más confusión y a provocar que surjan errores de funcionamiento derivados de las limitadas capacidades de los municipios.
La Asociación Forestal de Soria también entiende que con la confección de este Decreto-Ley sólo se ha buscado eximir a la propia administración regional de obligaciones, trasladándoselas a la parte más débil de la cadena de valor de los montes, como son los propietarios y los municipios forestales.
Una visión simplista para un problema complejo
Asimismo, se le achaca al Decreto-Ley una visión excesivamente simplista de un problema que es muy complejo y que no se debe sólo a una cuestión de voluntad. Además, no se han previsto otros aspectos de la máxima importancia, como avanzar en el saneamiento y la titulación de la propiedad forestal, la recuperación de los montes de socios, el minifundismo forestal, el cierre de aserraderos o empresas forestales, entre otras cuestiones.
Si bien el Decreto-Ley, a partir del artículo 8, contempla un plan de simplificación normativa que esta Asociación considera positivo, la trascendencia de los cambios propuestos en sus siete primeros artículos y la situación de indefensión en la que se pone a los propietarios de montes hace que esta organización solicite una profunda reflexión sobre la normativa.
Efecto contrario: mayor abandono
Finalmente, la Asociación Forestal de Soria considera que el Decreto-Ley podría tener el efecto contrario al esperado por la administración regional y propiciar mayor abandono forestal. La cuestión es quién va a querer ser alcalde de un municipio forestal, querer estar en la directiva de un monte de socios o recuperar las fincas de sus antepasados ante esta reforma que carga de responsabilidades al eslabón más vulnerable del sector forestal: propietarios y municipios.
