Al cierre de un ejercicio marcado por una intensa actividad legislativa, de manera especial por la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia en el Servicio Público de Justicia, el Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) muestra su “profunda preocupación” por el atasco judicial provocado por el nuevo modelo organizativo de la Administración de Justicia y temen que genere un “colapso en los tribunales”. Asimismo, la institución advierte del perjuicio que está ocasionando la ciudanía la reciente ‘comarcalización’ que afecta a León y Valladolid y que centraliza las secciones de Violencia sobre la Mujer en sus capitales y Ponferrada desde el pasado 1 de enero. “Esto obliga a las víctimas a recorrer largas distancias para prestar declaración, generando desigualdades en función de dónde residan”, señala el presidente del CACYL, Fernando Rodríguez Santocildes, elegido el pasado mes de marzo.
Uno de los puntos más críticos en la agenda de la abogacía es la implantación de los tribunales de Instancia que se instauraron progresivamente entre el 1 de julio de 2025 y el 1 de enero de 2026 _ y la consiguiente desaparición de los juzgados unipersonales tal y como se han concebido durante décadas. “Existe una inquietud creciente ante el atasco que ya se está produciendo y el previsible colapso que esta reestructuración puede generar, ya que el nuevo modelo exige una organización de mayor complejidad”, apunta Rodríguez Santocildes, quien advierte de que podría generar “graves consecuencias para los profesionales, ya que la ralentización del funcionamiento de los órganos judiciales tendrá un impacto directo en la economía de los despachos”.
La preocupación de la abogacía se extiende también a la asunción de nuevas competencias en los órganos judiciales, en particular las relativas a los delitos contra la libertad sexual por parte de las secciones de Violencia sobre la Mujer. “Esta ampliación competencial supondrá un notable incremento de la carga de trabajo, agravado además por la comarcalización de los juzgados en las provincias de Valladolid y León, donde serán las capitales y Ponferrada los partidos judiciales que asumirán todos los asuntos de violencia de género y sexual de la provincia”, explica el presidente del CACYL. En este sentido, lamenta que “esta situación, que obligaría a muchas víctimas a desplazarse largas distancias para prestar declaración, podría dejar a la ciudadanía de las zonas rurales en una clara situación de inferioridad y refleja, en el fondo, la tendencia a la desaparición a medio plazo de los partidos judiciales del mundo rural”.
Oficinas municipales de Justicia
La Abogacía de Castilla y León apuesta, en este sentido, por reforzar las oficinas municipales de Justicia como “verdaderos puntos tecnológicos de atención”. “El objetivo es dotarlas de medios suficientes que garanticen un funcionamiento eficaz, la presencia profesional y una justicia de proximidad que no dependa de la ubicación física del tribunal”, señala el presidente del CACYL. En este contexto, destaca el papel que desempeñan las diputaciones provinciales y afirma que “desde la abogacía se impulsará de manera conjunta su colaboración para asegurar el buen funcionamiento y la eficacia de estas oficinas”.
Asimismo, el CACYL manifiesta su “firme disposición” para colaborar activamente en la detección de posibles incidencias e irregularidades de la nueva organización judicial, así como en la “búsqueda coordinada de soluciones que garanticen el correcto funcionamiento del sistema”. En este sentido, Rodríguez Santocildes destaca la participación de la abogacía en la Comisión de Calidad del Servicio Público de Justicia, que tiene previsto reunirse a principios de año a instancia de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Ana del Ser, “consolidándose como un espacio estratégico para velar por la excelencia y la mejora continua de la administración de justicia en la comunidad autónoma”.
Otra cuestión que preocupa a la abogacía es la interoperabilidad de los sistemas judiciales de las diferentes comunidades autónomas. “Sin la capacidad de que los distintos sistemas se comuniquen y funcionen de manera coordinada, la digitalización genera desigualdades y retrasa los procesos. Por ello, avanzar hacia un modelo interoperable es imprescindible para que la justicia digital sea uniforme, eficaz y accesible para todos los ciudadanos”, afirma Rodríguez Santocildes.
Para los profesionales
Más allá de la reforma organizativa, 2025 ha dejado otros frentes abiertos que marcarán el inicio de 2026. Entre ellos, el presidente del CACYL destaca la “dignidad en la jubilación”, para lo que la abogacía mantiene su exigencia firme de la pasarela al RETA para los mutualistas. El presidente del CACYL alega que “un abogado que ha defendido los derechos de los demás durante 40 años no puede ser abandonado por el sistema al jubilarse y añade que la Constitución reconoce el derecho a la suficiencia económica durante la tercera edad; por ello la aprobación de este instrumento legislativo es inaplazable, y la responsabilidad recae directamente en los políticos para garantizar que se haga realidad”.
Otra reivindicación histórica de la profesión sigue siendo la de aprobar una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita “que dignifique el trabajo de los profesionales del turno de oficio, garantizando remuneraciones justas y actualizadas”. En este sentido, Rodríguez Santocildes explica que “la situación se agrava especialmente en las comunidades autónomas que no tienen competencias transferidas en materia de Justicia y dependen directamente del ministerio, como ocurre en Castilla y León”. En los últimos meses, el malestar se ha intensificado por la falta de remuneración de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en el Turno de Oficio, cuya implementación es obligatoria desde el pasado 3 de abril a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia. “Estos procedimientos se están realizando por los profesionales, pero sin recibir compensación económica, algo radicalmente inadmisible”, señala el presidente del CACYL.
Los abogados de la Comunidad abordarán todas estas preocupaciones y aportarán propuestas durante la celebración del V Congreso de la Abogacía de Castilla y León, que acogerá Zamora en mayo de 2026. Para el presidente del CACYL, esta cita se presenta como “un punto de encuentro, debate y definición de las líneas de actuación que marcarán el futuro de la abogacía en las nueve provincias de Castilla y León”.
