Pide que se investigue su adjudicación irregular por posible prevaricación
Sara López: «abusan de la figura del convenio y trocean los contratos para eludir la ley»
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Soria ha presentado escritos ante la Fiscalía Provincial de Soria, ante el Tribunal de Cuentas y ante el Consejo de Cuentas de Castilla y León. En ellos denuncia irregularidades en las contrataciones de los espectáculos del pasado Carnaval, y de los festivales Soria Rock en los años 2022 a 2025.
La edil Sara López afirma: «La mayoría absoluta del PSOE, no es un cheque en blanco, ha degenerado en una constante ilegalidad y por ello desde Vox vamos a denunciar ante la fiscalía, y ante el Tribunal y el Consejo de Cuentas esta deriva ilegal del equipo de gobierno con los contratos de Soria Rock y la programación de carnavales».
López explica que su grupo manifestó en varias ocasiones su disconformidad con ambas contrataciones, por entender que se han realizado irregularidades. Entre ellas López cita las siguientes: «posible fraude de ley en la utilización de la figura del convenio, abuso del procedimiento negociado sin publicidad por <<razones artísticas>>, posible fraccionamiento ilegal para evitar los principios de publicidad y concurrencia, o la inexistencia de Pliegos para la valoración final de ofertas». La edil, ha explicado que el equipo de gobierno no tiene en cuenta sus quejas y advertencias, y que, durante la última Comisión de Vigilancia de la Contratación celebrada el pasado viernes, su grupo presentó un escrito en el que ponía de manifiesto la existencia de dichas irregularidades.
Carnaval 2026
La concejal de Vox se ha referido a la contratación del Carnaval 2026 explicando que el equipo de gobierno invitó a 3 empresas a presentar una programación de eventos festivos para esos días y se adjudicó a una de ellas por valor de 38.720 €. López explica que se realizó mediante «invitación directa» omitiendo el Procedimiento Abierto Simplificado obligatorio que aparece recogido en el Art. 159 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Además, la edil comenta que el equipo de gobierno seleccionó a una de ellas sin criterios objetivos, dado que no existía un pliego previo que permitiría una valoración de la calidad de las ofertas.
Sara López añade que, una vez elegida la programación para Carnaval que presentó dicha empresa, el Ayuntamiento procedió a contratar directamente con los artistas individuales que componían su oferta. Para la edil esto supone «trocear» el objeto del contrato en múltiples contratos menores para evitar los controles de publicidad y concurrencia, por lo que afirma que en su escrito solicita a la Fiscalía que investigue si dichos hechos pueden constituir delitos de Prevaricación Administrativa, Malversación de Caudales Públicos o Fraude a la Administración.
Soria Rock 2022 a 2025
Desde Vox Soria explican que en el año 2022 el Ayuntamiento de Soria firmó un convenio de colaboración con una entidad privada por importe de 37.000€ para la celebración del festival Soria Rock. Para Sara López, dicha figura jurídica se utilizó para eludir la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), dado que el objeto del convenio era una prestación de servicios propia de un contrato, no de un convenio, y añade que se realizó sin el preceptivo informe de la Intervención General.
López comenta que en las anualidades 2023, 2024 y 2025, el equipo de gobierno ya no utilizó la figura del convenio sino la del contrato, pero explica que la celebración del Soria Rock se adjudicó de forma directa con la misma mercantil, aunque bajo distintas denominaciones, mediante el procedimiento negociado sin publicidad por razones de exclusividad artística. Para la edil de Vox el equipo de gobierno realizó un abuso de este procedimiento ya que no se acreditó la exclusividad real de la empresa sobre los artistas contratados.
Lopez añade: «a pesar de nuestras advertencias y de la falta de justificación técnica en los expedientes, el equipo de gobierno persiste en la utilización de esta fórmula de adjudicación directa a dedo, obviando la libre concurrencia que debe primar en la contratación pública, por lo que hemos decidido solicitar a la Fiscalía que lo investigue, y también al Consejo y al Tribunal de Cuentas».
