Ésta ha sido una de las primeras cuestiones abordadas en la Conferencia de titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación que ha presidido el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y que se enmarca en uno de los grandes objetivos de la presente legislatura como es la transformación digital de Castilla y León como instrumento para fijar población, avanzar en la cohesión del territorio, ampliar las posibilidades de familias y empresas, así como crear trabajos de última generación. Impulsar la banda ancha en el medio rural exigirá a la Junta multiplicar por cuatro el presupuesto destinado al despliegue de redes.
En 2020, además de esta convocatoria de ayudas, está previsto que prácticamente todos los centros educativos de enseñanzas obligatorias de la Comunidad cuenten con internet de alta velocidad. Según ha reconocido el presidente, la inversión en educación es inversión en empleo futuro y en el reto demográfico. Además, desde la plataforma Territorio Rural Inteligente, la Junta, junto a las administraciones locales, promoverá la prestación de servicios públicos basados en el “internet de las cosas”.
Alfonso Fernández Mañueco ha intervenido hoy ante los integrantes de esta Conferencia de Alcaldes y presidentes de Diputación de la que forman parte los regidores de los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y los presidentes de las Diputaciones Provinciales, además de la Federación de Municipios y Provincias, el Consejo Comarcal del Bierzo y un representante de los pequeños municipios.
En la apertura de esta conferencia que hoy celebraba su primera sesión ordinaria, el presidente de la Junta de Castilla y León ha reafirmado su compromiso municipalista en una Comunidad en la que el mundo local, con sus 2.248 municipios, es una de sus señas de identidad. Así, Fernández Mañueco ha señalado que “el mundo local es la primera trinchera de lo público”, ya que sus administraciones son las más cercanas a los ciudadanos y por tanto las primeras en prestarles servicios.
La conferencia de Alcaldes y presidentes de Diputación está concebida como un órgano de cooperación política entre la Junta y los Gobiernos de las Entidades Locales que busca impulsar su participación en las políticas autonómicas desde la pluralidad política y territorial. Una cooperación que contribuya a una mayor vertebración de Castilla y León y que consiga mayor eficiencia en la prestación de servicios. El presidente ha reconocido el valor de esta conferencia en el que se dan cita representantes de cinco fuerzas políticas a las que ha invitado al diálogo en beneficio de los ciudadanos.
Generación de empleo
Castilla y León tiene entre sus prioridades afrontar el reto demográfico, lo que requiere la búsqueda de soluciones globales. Precisamente, una de las cuestiones determinantes para el desarrollo del medio rural es sin duda la generación de empleo, a lo que contribuirá la Estrategia de Empleo en el Medio Rural apoyada en iniciativas como es el Programa EmpleaRural. Ya en el año 2019, las políticas de empleo local de la Junta se han traducido en casi 60 millones de inversión municipal y la contratación de 6.000 trabajadores.
Otro de los asuntos abordados en esta primera sesión que ha tenido lugar hoy en el Monasterio de Nuestra Señora de Prado, en Valladolid, está la reforma de la legislación autonómica del mundo local. En este aspecto, el presidente ha señalado que se han iniciado los trabajos para reformar la Ley de Régimen Local de Castilla y León, buscando potenciar a las Entidades Locales como prestadoras de servicios de proximidad en función de las nuevas necesidades, modernizar su régimen jurídico e incorporar los últimos cambios legales. Además, ha recordado el creciente protagonismo que asume la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, por lo que ha señalado la Conferencia como un marco de diálogo y consenso especialmente adecuado para localizar esos objetivos de desarrollo sostenible en el territorio.
En materia de Ordenación del Territorio, Fernández Mañueco ha expresado que la Junta de Castilla y León apuesta por aplicar la normativa, ejecutar la orden que emana de la ley de régimen local y enviar a las Cortes de Castilla y León un mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio (Ubost). Igualmente se promoverá la constitución de las Mancomunidades de Interés General (Mig), siguiendo el camino comenzado en Valladolid para extenderlo también a las áreas rurales. Una vez fijadas las áreas funcionales estables, la Junta comenzará con las áreas estratégicas para ordenar la prestación de servicios en zonas más deprimidas.
Otro aspecto planteado ha sido el de la financiación. Tanto de la autonómica, cuya reforma en profundidad sigue siendo una de las exigencias de la Junta de Castilla y León, teniendo en cuenta que el actual modelo está completamente desfasado. Así como la financiación local cuya reforma también reclama el Gobierno Autonómico. De hecho, el presidente ha recordado que un nuevo modelo de financiación autonómica permitirá mejorar también los ingresos de las entidades locales.
Fernández Mañueco ha recordado que la Junta incrementó la pasada legislatura un 25 % los recursos destinados a la Cooperación Local y creció hasta un 6 % la participación de las Corporaciones Locales en los ingresos de la Comunidad. Castilla y León es pionera en la participación de tributos autonómicos de las entidades locales, siendo una de las pocas comunidades que tiene esa fórmula de participación. Este modelo se complementa con el tradicional de cooperación local que supone una ayuda importante para las entidades locales y que en la presente legislatura alcanzará los 1.152 millones de euros.
El especial interés por garantizar que los servicios públicos lleguen en condiciones de igualdad a todo el territorio y, especialmente al medio rural, ha sido otra de las cuestiones tratadas por lo que el presidente ha señalado que ya se está negociando un nuevo Acuerdo Marco con las Entidades Locales que garantice la estabilidad y calidad de los servicios, que previsiblemente se suscribirá antes de final de año. Este acuerdo tendría una duración de cuatro años para financiar, entre otras cosas, el personal de los Centros de Atención Social (Ceas), lo que da estabilidad a los servicios y garantiza empleo, y así como la ayuda a domicilio y la teleasistencia en los municipios.
Por último, el presidente ha avanzado la propuesta de aumentar de modo progresivo el gasto destinado a Atención Primaria con el objetivo de alcanzar el 20% del total del gasto del Servicio de Salud al finalizar la legislatura, algo que repercutirá positivamente en la atención sanitaria en los municipios.
