El Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León quiere poner en valor el paso decidido del Gobierno de la nación al poner a disposición de la sociedad los 200.000 M€ de recursos públicos y privados anunciados hoy por el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para paliar los graves efectos que a nivel económico y social está causando la pandemia del COVID-19.
Ante el desafío sanitario inédito al que se enfrenta el país, el Consejo solicitó medidas de carácter fiscal, laboral, financiero y administrativo para contrarrestar el impacto en empresas y autónomos promoviendo la flexibilidad en el conjunto de los sectores productivos, de las que, en lo más urgente, se consideran satisfechas por parte del Estado a falta de un análisis más exhaustivo en lo que respecta a los cuatro bloques en que se centran como familias, trabajadores, empresas e investigación.
Desde el Consejo se confía en que en el ámbito fiscal y de la exoneración de cuotas de los autónomos en un 100% las medidas se puedan ver complementadas en próximos días. También se hace urgente la necesidad de aplazar el pago de impuestos trimestrales y retenciones a los primeros trimestres del año a pymes y autónomos afectados en su actividad y para las grandes empresas el aplazamiento de estos impuestos sin coste adicional.
En este sentido y ante el trabajo que se viene realizando en el ámbito de la Junta de Castilla y León y ante el anuncio en comparecencia en la Diputación Permanente de las Cortes del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de medidas para empresas y autónomos, las Cámaras de Comercio esperan que la Administración regional considere retrasar el pago de impuestos y tasas del tejido empresarial en las competencias de la Comunidad Autónoma y el adelanto de las devoluciones de los mismos a las empresas afectadas por el COVID-19, así como otras acciones por parte de administraciones provinciales y locales que permitan inyectar liquidez a pymes y autónomos de los sectores de la industria y los servicios y dotar de flexibilidad a aquellas pymes y autónomos que debido a la emergencia sanitaria deban ampliar la plantilla para la prestación de servicios de primera necesidad para el conjunto de la ciudadanía.
