La Ley 9/2018, de 20 de diciembre, de transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León, declara como servicio público esencial al transporte público regular de viajeros por carretera de uso general interurbano, así como al transporte rural y metropolitano. De acuerdo con ello, las administraciones públicas son las garantes de la sostenibilidad económico- financiera de dichos servicios, máxime en las circunstancias actuales, de pérdida de ingresos como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19.
Las medidas adoptadas por la Administración sobre reducción de servicios, junto con las restricciones a la circulación de personas impuesta por la declaración del estado de alarma o por efecto de la propia pandemia, tienen como consecuencia directa una reducción sustancial de los usuarios y una minoración drástica de los ingresos de las concesiones de transporte, llegando hasta un 95 %, por lo que ha quedado afectado sustancialmente su equilibrio económico financiero.
La Junta de Castilla y León aprobó el pasado 21 de mayo el límite de gasto para estas ayudas durante el ejercicio 2020, cifrándolo en 17.085.027 euros. La subvención aprobada hoy en el Consejo de Gobierno por importe de 7.682.839 euros, comprende tanto el déficit de explotación ordinario de los servicios de transporte en el período transcurrido desde el 1 de enero hasta el 14 de marzo del ejercicio de 2020, como el derivado de la excepcional pérdida de ingresos sufrida en la explotación de los servicios por el impacto directo de la COVID-19, durante el período del 15 de marzo de 2020 al 31 de mayo de 2020.
La distribución provincial del importe de la subvención otorgada por el Consejo de Gobierno, es la siguiente: Ávila, 242.518 euros; Burgos, 702.205 euros; León, 1.672.645 euros; Palencia, 610.702 euros; Salamanca, 1.693.067 euros; Segovia, 492.119 euros; Soria, 312.029 euros; Valladolid, 1.423.411 euros; y Zamora, 534.143 euros, completando el global de la subvención aprobada hoy de 7.682.839 euros.
Las garantía de la sostenibilidad económico-financiera de dichos servicios es la única fórmula que permite el mantenimiento del transporte público en nuestros pequeños núcleos de población y la continuidad del transporte metropolitano, dando así respuesta a las necesidades de movilidad derivadas de la propia configuración socio territorial de Castilla y León. Una configuración territorial, donde más del 50 % de la población se concentra en 15 municipios con más de 20.000 habitantes, y el resto de la población se mantiene muy dispersa, lo que ha dado lugar al establecimiento de modelos de prestación de los servicios que dan respuesta a estas singularidades (transporte a la demanda).
Un transporte de viajeros, que presenta, además, un bajo nivel de cobertura económica, cercano al 58 %, y con más de un 63 % de sus rutas con menos de 5.000 viajeros/año.La subvención al déficit de explotación del transporte regular de uso general, es el elemento esencial para consolidar, aun en las difíciles circunstancias actuales, el modelo de movilidad implantado en Castilla y León, y se convierten en la salvaguarda de una movilidad basada en el transporte público y en el sistema concesional como garantes de la igualdad de oportunidades entre los territorios y entre el mundo urbano y el rural.
