Las iniciativas, que va a financiar el departamento que dirige Carlota Amigo, se enmarcan tanto en el Plan Anual de Políticas de Empleo para 2020, como en el plan de medidas extraordinarias y urgentes para la protección de las empresas, los autónomos, los trabajadores y las familias frente a la emergencia del coronavirus, consensuado en el Consejo del Diálogo Social el pasado 25 de marzo.
Los dos primeros programas constan de visitas técnicas a centros de trabajo y delegados de prevención, con la finalidad de ofrecer recomendaciones para garantizar la seguridad laboral en el ámbito de las administraciones locales –en municipios de menos de 4.000 habitantes–, en pymes del sector agroganadero y de otras ramas de actividad con mayor siniestralidad, y finalmente en empresas del ámbito forestal.
El tercer eje de acción se centra en la resolución de consultas técnicas y / o jurídicas relacionadas con la gestión preventiva en la construcción y, en particular, en la información sobre la aplicación de protocolos de seguridad que eviten contagios por COVID-19.
De este modo, los técnicos abordarán junto a empresas y trabajadores cómo adaptar las zonas comunes o determinar los turnos de rotación y tiempos de trabajo para garantizar la distancia de seguridad. E informarán de las pautas de limpieza y desinfección más adecuadas para evitar la exposición permanente al virus.
Para el desarrollo de estas funciones, Cecale contará con algo más de un millón de euros; CCOO y UGT recibirán 681.000 euros cada uno, y la Fundación Laboral de la Construcción dispondrá de 360.000 euros.
