La Consejería de Economía y Hacienda publica en el BOCYL la Orden por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad para el año 2021 que canalizarán los recursos extraordinarios para hacer frente al impacto de la triple crisis, sanitaria, económica y social causada por la COVID 19, e impulsar la sanidad, la educación, los servicios sociales y los principales servicios públicos, y a reactivar la economía y el empleo.
La Junta de Castilla y León publica hoy en el BOCYL la Orden mediante la que se dictan las normas para elaborar los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2021. El texto tiene en cuenta la incidencia de la pandemia de la COVID 19 en una crisis sanitaria sin precedentes que ha obligado a la declaración del estado de alarma y al establecimiento de severas medidas de confinamiento de la población, lo que ha causado un importante impacto en la actividad económica.
En este contexto de incidencia de la pandemia, la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha numerosas acciones con la aportación de recursos extraordinarios para reforzar el sistema sanitario, imprescindible en la contención de la pandemia; los servicios sociales y educativos, que también han sufrido de forma acusada el impacto de la crisis sanitaria; y el sector económico, con ayudas para paliar los efectos de la ralentización económica motivada por el confinamiento.
Esta triple crisis: sanitaria, económica y social ha obligado a afrontar importantes gastos, absolutamente necesarios, para garantizar la adecuada asistencia sanitaria a las personas afectadas por la enfermedad, para garantizar la prestación de los principales servicios públicos y para dar respuesta a situaciones económicas y sociales de aquellos que se han visto especialmente perjudicados por las consecuencias de la COVID 19.
Pacto por la recuperación y financiación europea
Por otra parte, el pasado 16 de junio, se ha firmado el Pacto de Recuperación Económica, Empleo y Cohesión Social de Castilla y León, cuya dotación económica se destinará fundamentalmente a llevar a cabo un plan plurianual de inversiones sociales, para reforzar la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales y los principales servicios públicos, y a reactivar la economía y el empleo.
Además, la Unión Europea ha llegado a un acuerdo de reconstrucción, dotando un fondo para la recuperación económica de 750.000 millones de euros, una parte importante de los mismos, 310.000 millones, a fondo perdido y el resto en forma de créditos. España se va a beneficiar de este fondo en una cuantía estimada de 140.000 millones de euros, de los que 72.700 millones serán recibidos como transferencias y el resto, 67.300 como créditos.
Los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2021, que canalizarán todos estos recursos extraordinarios destinados a mitigar el impacto de la pandemia, prestarán especial atención a las infraestructuras y equipamientos de carácter sanitario, educativo y social, y aportaran importantes recursos para actividades relacionadas con el empleo y la inversión.
La Orden publicada hoy, conforme a la Ley de Hacienda de la Comunidad, dicta las normas para elaborar los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2021, en la que se establecen los criterios de presupuestación, su ámbito institucional, la estructura de los ingresos y gastos que lo componen, así como las comisiones participantes en el proceso de elaboración. Asimismo, la orden relaciona la documentación requerida y sus plazos de cumplimentación.
Prioridades
Los recursos disponibles entre los distintos programas de gasto tendrán como líneas fundamentales las cinco grandes prioridades que el gobierno de la Junta de Castilla y León estableció al inicio de esta legislatura:
- Desarrollar una política fiscal que fomente la inversión y el emprendimiento, que apoye a las familias, a los jóvenes y al mundo rural.
- Impulsar una política económica que mejore la competitividad y la creación de empleo.
- Acordar una nueva financiación autonómica que atienda al coste real de los servicios públicos, considerando adecuadamente nuestra extensión territorial y la dispersión de la población, así como el envejecimiento y la baja densidad demográfica.
- Priorizar una política sostenible y responsable en materia de endeudamiento y de contención del déficit público.
- Consolidar una política presupuestaria que mantenga la vocación de liderazgo en la calidad y nivel de prestación de los servicios públicos, así como en la capacidad de mejorar nuestras ventajas comparativas como Comunidad Autónoma.
