En la iniciativa, que se desarrollará en dos fases, participan las consejerías de Empleo e Industria y de Sanidad en coordinación con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
La primera fase se inició el miércoles, con más de 130 inspectores en la Comunidad, subinspectores y técnicos de Seguridad y Salud Laboral, que están visitando centros de trabajo para verificar que cumplen con las medidas de contención y seguridad. Sanidad incorporará nuevos efectivos a esta tarea a partir del 10 de agosto.
La Junta de Castilla y León y el Gobierno de España han iniciado esta semana una campaña conjunta y coordinada de control a los centros de trabajo de la Comunidad, con el objetivo de verificar que se cumplen las medidas de prevención y contención sanitarias frente a la COVID-19.
La iniciativa está promovida por las Consejerías de Empleo e Industria y de Sanidad, en colaboración con el organismo autónomo estatal adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social, y en ella están participando inspectores, subinspectores y técnicos de las unidades de Seguridad y Salud Laboral de los tres departamentos.
La campaña se desarrolla en dos fases. En la primera, que se inició miércoles y se prolongará hasta el 9 de agosto, equipos integrados por personal de ambas consejerías y de la Inspección estatal están realizando visitas de control a empresas de los sectores agroalimentario, cárnico, hostelero, comercial e industrial, en función de las actividades más representativas de cada provincia. A estas tareas se están dedicando por el momento más de 130 personas, 10 en la provincia de Soria, de las cuales 69 pertenecen a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio.
La segunda etapa comenzará a partir del 10 de agosto, y a ella se incorporarán más efectivos del área de Sanidad, que operarán de forma independiente, pero coordinada, con los de Trabajo y los técnicos de Empleo e Industria, de manera que entre ambos equipos existirá un intercambio de información continua.
El objeto de las visitas a los centros de trabajo es comprobar que las compañías de Castilla y León están adoptando las medidas de prevención, contención, seguridad e higiene frente a la pandemia, reguladas tanto por la normativa estatal –a través del Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio–, como por la autonómica –mediante el Acuerdo 29/2020, de 19 de junio, adoptado por el Consejo de Gobierno, además de la Ley 10/2010, de 27 de septiembre, de Salud Pública y Seguridad Alimentaria–.
Medidas de obligado cumplimiento
Entre las más relevantes, cabe destacar el deber de las empresas de mantener una distancia mínima de seguridad de 1,5 metros entre sus empleados o, si esto no resulta posible, de facilitarles los equipos de protección adecuados. El uso de mascarilla también es obligatorio.
En los centros productivos deben garantizarse, asimismo, la ventilación, limpieza e higiene de las dependencias, la provisión de hidrogeles, la reordenación de los turnos para evitar la coincidencia masiva de personas –ya sean clientes o trabajadores– y el fomento del teletrabajo.
El Ejecutivo de Castilla y León marca también limitaciones en los aforos y establece unas pautas para el uso de instalaciones comunes –como ascensores, aseos, vestuarios, probadores o salas de lactancia–, así como directrices para la desinfección de locales, uniformes y ropa de trabajo.
Sanciones
El personal que va a participar en esta campaña está habilitado para fijar sanciones en el caso de detectar incumplimientos por parte de las empresas. Así, los inspectores y subinspectores estatales pueden establecer multas de entre 2.046 y 40.985 euros por infracciones graves.
Por su parte, las sanciones aplicables por la Junta oscilan entre los 100 y los 3.000 euros para infracciones leves; entre los 3.001 y 60.000 euros para las graves; y entre los 60.001 y 600.000 euros en el caso de las muy graves, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto Ley 7/2020, de 23 de julio.
Cabe precisar que la campaña específica de control que van a llevar a cabo conjuntamente las Consejerías de Empleo e Industria, de Sanidad y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es compatible con la labor que con idéntica finalidad desarrollan el resto de áreas del Gobierno autonómico, a través del personal adscrito a funciones de información, vigilancia, inspección y control, tal y como recoge expresamente el Acuerdo 29/2020, de 19 de junio.
