Esta mañana se ha celebrado la Conferencia sectorial de Administración Pública convocada por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en la que ha participado la directora general de Función Pública de la Junta de Castilla y León, Paloma Rivero.
La reunión tenía por objeto abordar la regulación del teletrabajo en el ámbito de la Administración Pública. El texto que finalmente se ha aprobado a nivel nacional incorpora un nuevo artículo 47 bis al Estatuto Básico del Empleado Público, regula el teletrabajo como modalidad de prestación de servicios de los empleados públicos, y afecta al personal funcionario y laboral que presta servicios en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
En su redacción ha formado parte activa la Consejería de la Presidencia, tanto a través de la Comisión de Coordinación de Empleo Público nacional, como de la Conferencia Sectorial de Administración Pública. Las aportaciones de Castilla y León han ido permanentemente en la línea de apoyo a esta modalidad de prestación de servicios, máxime cuando ha quedado sobradamente demostrada la capacidad de los empleados públicos de atender la prestación de su actividad mediante esta modalidad durante la pandemia.
En palabras de la directora, “consideramos que esta modalidad de trabajo puede contribuir ya no sólo a la compatibilidad de la vida familiar y laboral sino también a otros objetivos como la sostenibilidad ambiental o el mantenimiento de población en núcleos rurales donde se hace más atractivo vivir”.
La Junta de Castilla y León, no obstante, cuenta ya con sus propias normas de teletrabajo, las cuales permiten el acceso a esta modalidad por parte de los empleados públicos, habiéndose iniciado ya el contacto con las organizaciones sindicales para su actualización y agilización en los trámites. Con las aportaciones que se han elevado a la redacción del nuevo artículo del Estatuto Básico, la Junta apoya la aportación de medios tecnológicos por parte de la administración, sin embargo, y dada la necesaria adaptación, adquisición de tales medios y negociación integra del nuevo texto autonómico con las organizaciones sindicales, se ha solicitado un periodo de adaptación al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, periodo que ha quedado reflejado mediante una nueva disposición en el Estatuto Básico con un plazo de seis meses.
