La Guardia Civil colabora tanto en el control del cumplimiento de la normativa laboral, junto con la Inspección de trabajo, como la normativa sanitaria, el fin de minimizar el riesgo de transmisión de la covid-19 entre temporeros.
El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, que ha presidido esta mañana la Comisión Provincial del Sector Agrario, de acuerdo con el Real Decreto Ley 13/2020, de 7 de abril, para la aplicación de las medidas urgentes en materia de empleo agrario, ha recordado que la Guardia Civil tiene preparado un dispositivo para verificar que se cumplen las prescripciones y se siguen las recomendaciones para minimizar el riesgo de transmisión de la covid-19 entre temporeros.
El Real Decreto Ley 13/2020 de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario contempla que las personas que estén cobrando prestación, subsidio o renta por desempleo pueda compatibilizar este ingreso con la realización de trabajos por cuenta ajena en explotaciones agrarias con un contrato temporal.
La responsable del ECYL en la provincia, Pilar Ruiz, ha recordado que, desde que se puso en marcha el Real Decreto Ley, antes mencionado, se han registrado en este organismo de la Junta de Castilla y León, 7 ofertas de empleadores de este sector para once puestos de trabajo. Se han cubierto nueve puestos y respecto de los otros dos puestos los empleadores han desistido.
En esta campaña agrícola 2020, en la que se esperan entre 550 y 600 personas temporeras, los empleadores, tienen sus propias bolsas de empleo o suelen recurrir a empresas de prestación de servicios que tienen sus propias plantillas.
La Comisión Provincial del Sector Agrario se ha celebrado a través de videoconferencia, asisten, por parte de la Administración General del Estado, además del propio subdelegado, los responsables del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), de la Dependencia del Área de Trabajo e Inmigración y de la Unidad de Agricultura. Por la Junta de Castilla y León, comparecen los responsables del Servicio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y del ECYL. También participan las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG y UPA y los sindicatos UGT y CC OO.
