CSIF exige una oferta de empleo público urgente: los refuerzos siguen sin llegar y la lista de expedientes para el Ingreso Mínimo Vital se eleva al millón
La situación de la Seguridad Social se agrava día a día ante el incremento de expedientes de Ingreso Mínimo Vital (que ya llegan al millón) y la falta de personal para sacar adelante el volumen desorbitado de prestaciones y la demanda de información por parte de los ciudadanos, desesperados por las dificultades para obtener una cita previa.
Esta situación se añade a los retrasos que ya se estaban registrando desde comienzos de año en trámites como en el reconocimiento de las pensiones de jubilación, que han pasado de tramitarse de un plazo de quince días a más de un mes.
Además, la contratación de 1.000 interinos autorizada por Hacienda hace tres semanas aún no se ha hecho efectiva porque las bolsas de empleo están agotadas en la mayoría de las provincias. Por este motivo, según ha podido confirmar CSIF, la Seguridad Social se verá obligada a acudir a los Servicios Públicos de Empleo para reclutar personal procedente de listas del paro. Todo ello retrasará aún más el refuerzo de la plantilla.
CSIF ha reclamado al Ministerio de Política Territorial y Función Pública iniciar las negociaciones de los próximos Presupuestos Generales del Estado, incluyendo el diseño urgente de una oferta de empleo público. En este sentido, el Secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones nos ha informado de que se ha realizado un estudio de las plantillas y ya se han trasladado las necesidades a Función Pública.
Y es que, aunque llegue el millar de interinos prometidos, hay que tener en cuenta que en los últimos 8 años se han perdido 10.000 efectivos. Por este motivo, hemos recordado el compromiso adquirido por el anterior equipo ministerial para abordar una reestructuración del Sistema de la Seguridad Social para resolver este problema endémico de personal. Sobre este punto, el secretario de Estado nos ha manifestado que carece de competencias para llevar a cabo el proyecto.
La nueva estructura administrativa englobaría de forma unitaria a las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social bajo una misma estructura que permita reordenar y racionalizar los medios humanos disponibles. Se trataría de crear un organismo autónomo que agrupe a la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina, el IMSERSO, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, la Intervención General de la Seguridad Social y los Servicios Jurídicos.
