La Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa fundada por las tres patronales ha presentado este documento con el fin de que el Gobierno repare los fallos de mercado actuales y que estas tres provincias puedan contar con cobertura de internet de última generación (5G) y a precios asequibles.
La Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (fundada por FOES, CEOE-CEPYME Cuenca y CEOE Teruel) ha presentado alegaciones al Anteproyecto de Ley de Telecomunicaciones para pedir al Estado español reforzar sus funciones como garante de los derechos de los ciudadanos en esta materia, interviniendo para paliar los fallos de mercado que actualmente se producen en el sector de las telecomunicaciones y que terminan con la discriminación hacia una parte importante del territorio, de su población, y de aquellos que lo visitan.
Dichos fallos de mercado derivan de la escasa rentabilidad para las operadoras que suponen las inversiones y mantenimiento en zonas con escasa población, razón por la que la Red SSPA considera que la nueva ley debería contrarrestar esta falta de rentabilidad con las mayores rentabilidades que se produce en núcleos con excesos de población, estableciendo paquetes territoriales que alineen la rentabilidad de las operadoras con cobertura en zonas con escasez de población.
Este aspecto es vital para la SSPA, que ya recoge en su documento de posición la importancia de que de dote de conectividad a los territorios escasamente poblados y de ahí que pida que se impliquen las diferentes administraciones en el diseño de políticas que permitan esta conexión de calidad para todos.
Además, desde las organizaciones empresariales de Soria, Cuenca y Teruel, recuerdan que la situación actual causada por la COVID-19 ha cambiado totalmente nuestras costumbres, nuestra manera de vivir, de trabajar y de estudiar, haciendo cada día más indispensable el uso de las telecomunicaciones, por ello es necesario que la nueva ley responda a las necesidades presentes, también en los territorios más despoblados y rurales.
Las alegaciones, cuya presentación debe hacerse antes del 13 de octubre, piden que haya cobertura general y que no se deja atrás a las zonas rurales, para que puedan contar con cobertura de internet de última generación (5G) y los precios sean asequibles al servicio.
Aparte de presentar estas alegaciones al Anteproyecto de ley, ha querido compartirlas con otros organismos y animar a instituciones y a particulares a que también presenten alegaciones.
Propuestas
Entre las propuestas presentadas se señala que la cobertura de 30 Mbps es insuficiente dada la actual coyuntura y que debe garantizarse que la comunicación electrónica sea capaz de prestar servicios de acceso de banda ancha a velocidades de al menos 300 Mbps simétricos, escalables a 1 Gbps, o superior, debiendo llegar al menos a la media nacional o a la media de las ofertas comerciales existentes.
Del mismo modo se solicita una implementación de los proyectos de 5G en territorios que carecen de cobertura o con una cobertura precaria, como las zonas escasamente pobladas y rurales.
Además, se requiere la inclusión de los polígonos industriales en el ámbito de aplicación, sobre toda los de las zonas escasamente pobladas que necesitan de la red de comunicaciones electrónicas para poder competir en las mejores condiciones posibles en los mercados en que actúan, pues son empresas de pequeño y mediano tamaño fundamentales para la economía de estas zonas.
