En la línea de la Federación Nacional de Asociaciones de Periodistas, la organización cree que el ejecutivo debe explicar cómo va a contrarrestar las campañas de desinformación y qué medidas se van a adoptar
La Asociación de Profesionales de la Información de Soria (APIS) apoya la petición que hace la Federación de Asociaciones de Periodistas (FAPE) para instar al Gobierno a que aclare cuanto antes las funciones y cometidos que tendrá el recién creado Comité para la lucha contra la desinformación.
La disposición publicada en el BOE la pasada semana deja en el aire varios aspectos importantes que nos suscitan una profunda preocupación por las eventuales consecuencias que pueda acarrear al libre ejercicio del periodismo.
Ante el riesgo de que el susodicho Comité pueda entrar en valoraciones que afecten a la libertad de información, desde APIS recuerdan al Gobierno que son los periodistas y los medios los que, bajo el amparo del artículo 20 de la Constitución, deciden qué es y qué no es noticia y qué es lo que se publica o no.Un comité, y mucho menos uno gubernamental, nunca podrá decidir sobre la libertad editorial de un medio.
El Gobierno tendría que aclarar cómo va a contrarrestar las campañas de desinformación y qué medidas se van a adoptar.
La Asociación de Profesionales de Soria recuerda que los periodistas somos los primeros interesados en combatir la desinformación, especialmente porque nuestro prestigio y credibilidad se fundamentan en la difusión de información veraz, pero entendemos que ese combate debe efectuarse en el marco de la ley.Si un medio o un periodista incumplen la ley, para sancionarlos están los tribunales, y no el Gobierno.
APIS, en la misma línea que FAPE, considera que la creación de este Comité solo tiene sentido si va dirigido a afrontar, en estrecha cooperación con la Unión Europea, las campañas exteriores de desinformación que pongan en peligro los fundamentos de nuestra democracia.
Estaremos atentos a que este Comité, al ser una dependencia del Gobierno, pueda ser utilizado con fines políticos o para limitar el derecho constitucional a la libertad de expresión.
