Ambas administraciones firman un protocolo para analizar la situación de Internet de banda ancha en Castilla y León y emprender conjuntamente las acciones necesarias para incrementar el esfuerzo que permita que este servicio llegue a todos los ciudadanos.
El secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez Sánchez, y el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández, han suscrito un protocolo general de actuación para impulsar la mejora de la conectividad a Internet de banda ancha, tanto fija como móvil, en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, especialmente en el medio rural.
Este protocolo conforma y formaliza el escenario de colaboración entre la Junta de Castilla y León y la Administración General del Estado en materia de extensión de banda ancha en el medio rural. Su objetivo final es la mejora de la conectividad a Internet en el territorio de la Comunidad, a fin de paliar la brecha digital territorial que padece Castilla y León, reduciendo la diferencia de cobertura entre zonas urbanas y rurales, y favoreciendo el equilibro territorial y la igualdad de oportunidades para todas las personas, siendo internet un instrumento imprescindible para la lucha contra la despoblación.
Según el último informe publicado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, la cobertura de banda ancha mediante redes con velocidad de más de 30 Mbps alcanza al 91,4% de la población, pero la de más de 100 Mbps se sitúa en torno al 66,7% de la población castellana y leonesa, aunque se prevé alcanzar el 86% en 2022, una vez completados los proyectos de despliegue de redes ya subvencionados por la Junta y el Gobierno en la legislatura pasada, pero aún en plazo de ejecución.
Además, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha publicado a mediados de noviembre la resolución de la convocatoria correspondiente al año 2020 del Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación, según la cual se ejecutarán proyectos de fibra óptica en Castilla y León por un importe superior a 39 millones de euros, que llevarán cobertura de 300 Mbps a 163.000 unidades inmobiliarias de la Comunidad. Estos proyectos recibirán 19,5 millones de euros en ayudas, de los cuales 4 millones han sido aportados por el Gobierno autonómico y los 15,5 millones restantes por el Gobierno de España. Gracias a esta convocatoria con financiación conjunta se prevé que la cobertura a más de 100 Mbps pueda alcanzar el 90% de la población de la Comunidad en el año 2023. Y en los próximos años de esta legislatura se continuará con la inversión pública, con la incorporación también del esfuerzo presupuestario de las Diputaciones Provinciales de Castilla y León.
Con el protocolo que hoy se firma, la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España buscan seguir avanzando en la ampliación de la cobertura en Castilla y León más allá de ese 90%, y para ello establecen un marco colaborativo que abarca la financiación conjunta de futuras líneas de ayudas, el intercambio de información sobre la situación de cobertura, el diagnóstico de la situación de los diferentes servicios de banda ancha en el territorio autonómico y el diseño e implementación de acciones que contribuyan a mejorar su cobertura.
El secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez, ha recordado que “el Gobierno tiene como objetivo alcanzar una cobertura de banda ancha de 100Mps para el 100% de la población en 2025, tal y como recoge España Digital 2025, la hoja de ruta de la transformación digital de nuestro país”. Y ha añadido que, “a través del Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales de la sociedad, la economía y los territorios, se invertirán 583 millones en 2021 financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea”. El Plan desplegará nuevas medidas e instrumentos para extender la banda ancha a familias y empresas, con el objetivo de cerrar todas las brechas digitales por razón económica, social o territorial.
Por su parte, el Consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha manifestado que “todos los esfuerzos presupuestarios de la Junta de Castilla y León y las nueve Diputaciones Provinciales, que pondrán en juego en total 50 millones de euros en esta legislatura, estarán en que nadie se quede atrás en el medio rural en el acceso a internet. De ello dependerá nuestro medio rural”.
