Ahora, el Gobierno autonómico tiene 20 días para remitir el expediente administrativo que justifica la aprobación del Decreto recurrido, que ha sido rechazado frontalmente por los sanitarios de la Comunidad con protestas y movilizaciones.
El presidente del sector de Sanidad de CSIF Castilla y León, Jùan-Carlos Gutiérrez-Rodilla, valora muy positivamente la admisión a trámite de la demanda, y destaca que es “una noticia muy importante para todos los sanitarios, que demuestra que los argumentos que hemos esgrimido los considera suficientemente sólidos para que continúe el procedimiento”. Asimismo, insta a la Junta y al presidente Alfonso Fernández Mañueo a que retome la negociación sobre la organización de los sanitarios, para alcanzar un acuerdo sin imposiciones.
CSIF presentó el pasado día 13 una demanda ante la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra el ‘decretazo’ sanitario de la Junta, consciente de estar ya ante la tercera ola provocada por la COVID-19, y de que la negociación del Decreto 2/2020, que regula la organización y trabajo de los sanitarios de Sacyl, estaba totalmente estancada por la falta de voluntad del Gobierno autonómico.
El presidente autonómico de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, asegura que la negociación es la mejor herramienta para la resolución de un conflicto. Por ello, afirma que CSIF seguirá presente en las negociaciones que se lleven a cabo en la Mesa Sectorial de Sanidad, entre los sindicatos y la Consejería de Sanidad, con el objetivo de evitar la aplicación de este ‘decretazo’ impuesto por la Junta, así como conseguir un acuerdo que no lesione ningún derecho laboral de los empleados de Sacyl. “No vamos a permitir que la Junta cambie las condiciones laborales de los trabajadores sanitarios de forma unilateral e impuesta”, recalca.
CSIF se opondrá a toda acción que suponga lesionar los derechos de los empleados de Sacyl que, en un momento tan delicado como el que estamos sufriendo, se desviven -poniendo en riesgo su vida- por prestar a los pacientes la mejor atención sanitaria, al igual que debería hacer la Consejería de Sanidad”. El sindicato independiente insiste en que “no renunciamos” a toda vía de derecho que quede abierta para luchar contra un Decreto que considera “injusto, ineficaz y arbitrario”, por lo que seguirá adelante con el recurso.
