El presidente del órgano de control compareció en 10 ocasiones ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León para exponer 28 informes y el plan anual de fiscalizaciones
n Pese a las dificultades, se lograron unos índices de rendición de cuentas muy satisfactorios y se alcanzó el mayor grado de aceptación de las recomendaciones por los entes fiscalizados
El Consejo de Cuentas de Castilla y León duplicó en 2020 tanto el número de comparecencias del presidente, Mario Amilivia, como los informes presentados en las Cortes, pese a las circunstancias excepcionales ocasionadas por la pandemia.
Así se desprende del contenido de la memoria de actividades del órgano de control externo, aprobada el lunes pasado y entregada al Parlamento autonómico, tal y como establece la ley reguladora de la institución.
La memoria será presentada ante el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, en fecha todavía por determinar, en la que además se entregarán las tradicionales distinciones a los empleados de las 4 instituciones propias de la Comunidad, acto que no se pudo celebrar en las fechas previas a la Navidad a causa del coronavirus.
En 2020 no solo se consiguió normalizar el trabajo del Consejo, sino que se mejoraron algunos de los datos con relación a ejercicios anteriores, tanto en informes aprobados, como en comparecencias y plenos celebrados.
Según refieren los datos de la memoria anual, el presidente compareció en 10 ocasiones ante la Comisión de Economía y Hacienda, frente a las 5 registradas en 2019, y presentó 28 informes, además del Plan Anual de Fiscalizaciones, cuando en 2019 fueron 16. De esta forma, en los dos años del vigente mandato, a 31 de diciembre de 2020, se habían registrado ya 15 comparecencias, en las que fueron presentados 44 informes, el 22% de los aprobados por el Consejo en toda su trayectoria.
La institución autonómica celebró un notable número de plenos, 28 en total, tanto presenciales como por videoconferencia, en función de las restricciones de movilidad de cada momento.
En cuanto al trabajo de fiscalización, se aprobaron un total de 14 informes, uno más que la media anual, siendo 33 los aprobados al cierre del ejercicio, teniéndose en cuenta los dos años del actual mandato, hasta los 206 que sumaba su serie histórica.
Algunos de los trabajos aprobados por el Pleno en 2020 fueron el informe sobre la situación y actividad económico-financiera, así como de la ejecución funcional del gasto de Castilla y León en 2018; el relativo a las medidas aprobadas por las Cortes en materia de despoblación de las entidades locales de la Comunidad; las fiscalizaciones de determinadas áreas de los ayuntamientos de Valladolid y de León; y, en otros ámbitos, por ejemplo, los relativos a la fiscalización de las cuentas anuales de la Universidad de Valladolid o al análisis de la situación económico-financiera de la Universidad de Salamanca y de sus entes dependientes.
Por otra parte, en el informe de seguimiento de recomendaciones se reflejó el mayor grado de aceptación de las recomendaciones alcanzado en toda la serie histórica por parte de los entes fiscalizados.
La consecuencia práctica de este mayor reconocimiento a la “auctoritas” del Consejo de Cuentas es, sin duda, la mejora en la gestión de los recursos públicos que concierne al conjunto de los ciudadanos de esta Comunidad. Un informe que completa el ciclo parlamentario del control externo realizado sobre la gestión económica y financiera de las administraciones autonómica y local, que representan un volumen global de 15.000 millones de euros.
También es reseñable que, en un año especialmente difícil, se obtuvieron unos índices de rendición de cuentas del ejercicio 2019 por las entidades locales muy satisfactorios, solo superados por aquellas comunidades que desde hace años cuentan ya con las disposiciones normativas de estímulo que también han sido solicitadas para Castilla y León. Así, por ejemplo, en relación al total de 2.248 ayuntamientos de Castilla y León, se alcanzó un porcentaje del 69,3%.
Los datos de la actividad son expresión de que las orientaciones recogidas en el primer plan estratégico del Consejo están demostrando ser un acierto. A fin de persistir esta línea de trabajo, en el mes de septiembre se trasladó a los grupos parlamentarios la necesidad de abordar un conjunto de reformas normativas, tanto para reforzar la autonomía orgánica y funcional del Consejo como para estimular la rendición de cuentas y, por tanto, mejorar la transparencia de los entes fiscalizados.
Además, en la senda de fortalecer la institución como referente en el análisis y evaluación de la gestión de los recursos públicos se suscribieron convenios de colaboración con el Tribunal de Cuentas, las consejerías de Presidencia y de Economía y Hacienda de la Junta, con el Consejo Consultivo y la Universidad de Salamanca.
