- Solicitan una compensación que asciende a más de 1.250.000 euros por los daños causados por los cierres y restricciones de actividad en el primer estado de alarma.
- Se abre ahora el procedimiento contra la Junta de Castilla y León por el mismo motivo, pero para el periodo comprendido desde el 21 de junio de 2020 hasta el 9 de mayo de 2021.
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) ha cerrado el proceso administrativo de la reclamación patrimonial contra el Estado por los daños derivados de los cierres y restricciones de actividad provocados por las decisiones administrativas para afrontar la pandemia de Covid-19.
Las 44 empresas que participan en esta reclamación conjunta -que cubre los 98 días comprendidos entre el 14 de marzo hasta el 21 de junio de 2020 (primer estado de alarma)- piden al Estado más de 1.250.000 euros.
La mayor parte de ellas son empresas del sector de la Hostelería y Alojamiento, pero también las hay de distribución de alimentación y bebidas, transporte de viajeros y estaciones de servicio.
Las reclamaciones se interponen al considerar que las empresas de Soria no tienen el deber jurídico de soportar los desproporcionados daños causados en el tejido empresarial por las medidas adoptadas, cierres y restricciones de actividad que no han venido acompañadas de medidas de reparación, lo que las ha sumido en una total indefensión.
La responsabilidad patrimonial de la administración deriva del artículo 106 de la Constitución Española, que establece que las administraciones están obligadas a responder por los daños y perjuicios causados por sus actuaciones.
Durante el primer año de pandemia, las distintas, repetidas y cambiantes decisiones normativas adoptadas por los dos gobiernos han causado considerables perjuicios y daños permanentes a los empresarios y a los autónomos, sin que se hayan podido beneficiar de medidas de reparación.
El plazo del proceso administrativo que se inicia tras la interposición de las reclamaciones es de seis meses y puede derivar en demanda judicial en caso de que su resolución sea contraria a las peticiones de las empresas reclamantes.
Las reclamaciones patrimoniales al Estado dan paso ahora a las que se presentarán contra la Junta de Castilla y León. A la Administración regional se le piden compensaciones por los mismos conceptos, pero para el tiempo comprendido desde el 21 de junio de 2020 hasta el 9 de mayo de 2021.
El procedimiento se complica ahora ya que las medidas en estos meses no fueron tan drásticas como en el confinamiento decretado en el primer estado de alarma y las reclamaciones tienen que presentarse en consonancia con las medidas que se han implementado en distintos municipios.
Al igual que en el proceso contra el Estado que ahora finaliza, FOES anima a las empresas de todos los sectores productivos de la provincia a participaren la reclamación conjunta contra la Junta de Castilla y León bajo la premisa de que la reclamación cobrará mayor fuerza cuantas más empresas participen en ella y reclamen por los daños causados por los cierres, limitaciones y restricciones de actividad.
Con las reclamaciones patrimoniales a las dos administraciones, central y autonómica, FOES ha atendido las peticiones formuladas por sus asociados tras haber mantenido decenas de infructuosas reuniones con altos cargos de ambas administraciones a quienes les ha trasladado durante los meses de pandemia la necesidad de que las medidas sanitarias para hacer frente a la pandemia vinieran acompañadas de compensaciones económicas para poder evitar la quiebra de los negocios de la provincia.
FOES ha abierto estos procedimientos de reclamación un año después de constatar cómo el dinero no ha llegado a los empresarios y autónomos, como vía legal para reclamar lo que legalmente les corresponde.
