El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la distribución entre las CCAA de los fondos incluidos en los Presupuestos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para financiar el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, el Programa de Protección a la familia y atención a la pobreza infantil, y el Programa VECA para garantizar la alimentación de menores durante las vacaciones escolares y la conciliación de la vida familiar y laboral.
La gran novedad de este año es el presupuesto del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, que asciende a 98 millones de euros en 2021, frente a los 40 millones de 2020. Una cifra histórica que revierte en un solo año los recortes en la financiación de los servicios sociales, que pasó de 96 millones en 2010 a 27 millones en 2013. La cifra impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 es la mayor aportación de la AGE al Plan Concertado desde su creación en 1988.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha destacado que “gracias a la aportación del Estado, las CC.AA. y las entidades locales, se van a financiar los servicios sociales de atención primaria gestionados por
los ayuntamientos, que realizan una labor imprescindible como ha vuelto a demostrar este año de pandemia”. Belarra ha recordado que el Gobierno del año 2012 “recortó drásticamente esta financiación y debilitó gravemente estos servicios. Pues bien, hoy no solo revertimos todos estos recortes en un solo año, sino que además aumentamos esta aportación hasta los 98 millones de euros, su mayor nivel histórico. Una financiación que servirá para reforzar nuestros servicios sociales, aquellos que están más cerca y
atienden a la ciudadanía en su día a día”.
Asimismo, la ministra ha subrayado que “queda mucho por hacer, pero creo que estas medidas demuestran el modelo de país que este Gobierno de coalición quiere y debe construir. Un país con más derechos, con mayor protección social y que trabaje incansablemente por la reducción de las desigualdades”.
Este Plan permitirá co-financiar (con las CCAA y las EELL) la red de servicios sociales de atención primaria gestionada por las corporaciones locales.
Su objetivo es proporcionar a la ciudadanía servicios sociales adecuados que permitan la cobertura de sus necesidades básicas. Las comunidades autónomas (excepto País Vasco y Navarra) y Ceuta y Melilla deben presentar los proyectos que se cofinanciarán con estos fondos, que deben contribuir al desarrollo de las siguientes prestaciones básicas: Información y orientación; ayuda a domicilio y apoyo a la unidad de convivencia; alojamiento alternativo; y prevención e inserción social.
El histórico incremento del presupuesto de este Plan beneficia a todas las CCAA. Estos fondos se reparten de acuerdo con unos criterios previamente acordados (Población: 90,0%; Superficie: 5,0; Población dependiente: 2,3%; Dispersión: 1,5%; Grandes Urbes: 0,7%; Insularidad: 0,5%). Se han utilizado los valores más recientes de cada uno de estos indicadores.
Otra novedad de este año es que se ha propuesto a las comunidades que el acuerdo de transferencia incluya una cláusula que obligue a que al menos el 20% del incremento de financiación que les corresponda se destine a refuerzos del personal de los servicios sociales.
Protección a la familia y atención a la pobreza infantil El Consejo de Ministros también ha autorizado el Programa de Protección a
la familia y atención a la pobreza infantil (45 millones). En este apartado se incluyen proyectos de intervención social y prestaciones económicas y/o en especie que contribuyan a mejorar la situación social y laboral de las familias con menores a cargo que presentan situaciones de privación material severa o riesgo de pobreza.
Asimismo, el Programa VECA (15 millones) servirá para garantizar el derecho básico de alimentación, ocio y cultura de niños, niñas y adolescentes durante las vacaciones escolares, y la conciliación de la vida familiar y laboral.
