Advierte de que no trata adecuadamente la cuestión de los interinos, y considera que no es el momento adecuado de cambiar la normativa autonómica, cuando el Gobierno trabaja en la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) advierte de que el anteproyecto elaborado por la Junta de Castilla y León, para modificar la Ley de Función Pública autonómica muestra una serie de deficiencias y ausencias “que habrá que corregir y negociar”, ya que -por ejemplo- no hay que perder la oportunidad de homogeneizar y establecer un mismo régimen de derechos y permisos para todo el personal de la administración de la Junta, sea funcionario, laboral o estatutario, ante las mismas situaciones personales y familiares.
El anteproyecto tampoco trata adecuadamente la cuestión de la temporalidad del empleado público, según CSIF. Por ejemplo, alude a que el interino no recibirá una indemnización en caso de no continuar en el puesto, cuando ahora mismo el Gobierno de España está trabajando en la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público, en la que se prevé y se baraja dar esa indemnización. “Se obvia las recientes sentencias de la justicia europea y del Supremos español, lo que es un grave error”, lamenta el sindicato independiente.
Estas circunstancias, entre otras, le llevan a considerar “inoportuno e inadecuado” el momento de la modificación de la Ley de Función Pública de Castilla y León, “precisamente ahora”. Habría que esperar a conocer los cambios de la futura norma estatal, antes de afrontar los cambios en la autonómica, remarca. En este sentido, la organización sindical independiente recuerda que “llevamos quince años esperando a que la Junta adapte su ley, que es de 2005, al Estatuto Básico nacional que regula la normativa sobre las relaciones con el empleado público, que es de 2007, aprobándose posteriormente el texto refundido en 2015”.
“Sería absurdo que después de llevar años pidiendo la actualización de la Ley de Función Pública autonómica, se haga cuando se va a cambiar la normativa nacional, que -lógicamente- obligará a la Ley de Castilla y León. ¿O tendremos que esperar otros quince años, cuando el Gobierno vuelva a renovar de nuevo el Estatuto Básico?”, ironiza.
CSIF ha presentado, aprovechando el periodo de información pública, las primeras alegaciones al anteproyecto de la nueva Ley de Función Pública de Castilla y León, si bien insiste en que “Gobierno autonómico y organizaciones sindicales debemos hablar y acordar sobre diferentes cuestiones que hay que aclarar y mejorar”. Entre ellas, la regulación de la llamada valoración del desempeño del empleado público, un asunto “polémico y tremendamente complejo”, que podría poner en riesgo y menoscabar la independencia del trabajador ante posibles arbitrariedades de sus responsables superiores, y que choca frontalmente con el derecho a la inamovilidad del trabajador. Igualmente, los servicios jurídicos de CSIF destacan que la futura Ley de Función Pública de la Junta sigue siendo una normativa “muy asimétrica”, en beneficio de la administración, a la que concede todo el peso a la hora de tomar decisiones, sin dejar apenas espacio a la negociación y al acuerdo”.
