UNICEF España valora positivamente el mantenimiento, e incluso incremento de hasta un 25% de media, de los recursos destinados a los niños, niñas y adolescentes en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 que se empieza a debatir mañana en el Congreso de los Diputados, pero reclama que se consolide definitivamente dicha apuesta por la inversión en la infancia, ya que España está todavía muy lejos de alcanzar la media europea, por ejemplo en protección social de familias y niños (España 1,3%, UE 2,3% del PIB según el último dato disponible, de 2019).
UNICEF España ha hecho un análisis sobre las distintas partidas de este proyecto de ley, destacando los aspectos más relevantes para la infancia y la adolescencia:
- Educación. Llama especialmente la atención el incremento de los programas de Educación Secundaria y Formación Profesional (+48,3%) y de Becas y ayudas a estudiantes (+5,2%). Por otra parte, compartimos la apuesta del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) por un cambio en el modelo educativo, focalizado en tres aspectos: la ampliación de la educación infantil de 0 a 3 años de carácter público, el apoyo y la inclusión de los alumnos más vulnerables, y la transformación digital del sistema educativo.
- Pobreza infantil e infancia vulnerable. Celebramos los incrementos proyectados en programas con foco en la infancia y la adolescencia más vulnerable, con el objetivo de reducir la pobreza infantil y limitar el impacto de la crisis por COVID-19 en los hogares con niños, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y las prestaciones familiares, Otros servicios sociales del Estado (+17,9%), y Atención a la infancia y a las familias. En este sentido, consideramos una buena noticia el anuncio de un complemento específico para niños y niñas con un umbral de ingresos más amplio que el IMV actual, pero seguimos defendiendo la necesidad de una ayuda por crianza universal como la que existe en la mayoría de países europeos. Por otra parte, saludamos la oportunidad que representa el PRTR para transformar el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes en riesgo y desamparo en un sistema orientado a la prevención del riesgo, el acogimiento familiar y la desinstitucionalización; así como para redefinir el modelo de atención a los menores no acompañados. Con todo, nos preocupa la necesidad de reforzar la coordinación entre administraciones y con el tercer sector para la adecuada implementación de estos fondos.
- Salud mental. Valoramos como un paso adelante la inclusión en este proyecto de ley de partidas concretas para desarrollar el Plan de Acción de Salud Mental y COVID-19, así como la reanudación de los trabajos para una Estrategia Nacional de Salud Mental, que debería tener un capítulo específico sobre infancia y adolescencia, un presupuesto previsible y sostenido, objetivos medibles y evaluables, y mecanismos de coordinación y supervisión.
- Cooperación al desarrollo. Acogemos con satisfacción el incremento en casi un 60% de la Cooperación al desarrollo, hasta los 1.076 millones de euros, especialmente en la nueva partida de Ayuda en vacunas para combatir la COVID-19. No obstante, con dicho aumento, el conjunto de la Ayuda Oficial al Desarrollo tan solo representa un 0,28% de la Renta Nacional Bruta (RNB), muy lejos del 0,7% previsto para 2030.
- Beneficios fiscales. Aunque en el proyecto de ley se prevé un incremento de estos beneficios en las deducciones de la cuota del IRPF por maternidad (+10%) y por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo (+17%), en UNICEF España insistimos en que una política de apoyo a la crianza universal basada en deducciones fiscales reembolsables permitiría el acceso a esto beneficios a los hogares con menos ingresos.
Finalmente, somos conscientes de que los PGE de 2022 están condicionados por el impacto de la COVID-19, por la aplicación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y porque es un año clave para multitud de políticas y reformas que afectan a la infancia, como la dotación de recursos para la ley de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia; la elaboración de la Estrategia nacional de derechos de la infancia y la adolescencia, o la puesta en marcha de la Garantía infantil europea y su plan de acción nacional.
