Adolescencia Libre de Móviles (ALM) valora muy positivamente el
nombramiento por parte del Gobierno de los 50 miembros del comité de expertos que
durante los próximos seis meses analizarán el impacto de los dispositivos con acceso a
internet en los menores. El movimiento ciudadano ha trasladado al grupo de trabajo del
Ministerio de Juventud e Infancia un documento (versión completa aquí) que recoge una serie
de consideraciones para este grupo de trabajo multidisciplinar, y confía en que las tengan en
cuenta a la hora de elaborar su informe de conclusiones.
Los teléfonos inteligentes, y con ellos las redes sociales, han entrado en la vida de niños y
adolescentes sin tener en cuenta el principio de precaución. La plataforma ALM recuerda las
necesidades de protección y cuidado especiales que tienen los menores, “por su falta de
madurez física y mental”, según recoge la Convención de los Derechos del Niño. En este
sentido, la Societat Catalana de Pediatría recomienda que el adolescente no tenga
smartphone hasta que sea “suficientemente maduro en competencias y aptitudes digitales”,
aptitudes que llegan en los últimos años de la adolescencia. Sin embargo, en lugar de tratar el
acceso a estos dispositivos con un enfoque de derechos humanos para garantizar una
protección efectiva al derecho a la salud, a la protección, al juego o a la privacidad, se está
basando la digitalización en la infancia y adolescencia únicamente en el derecho al acceso a
internet y a la participación. De esta manera obviamos otras formas mucho más seguras de
acceso a la información y que no han demostrado riesgos ni las flagrantes vulneraciones de
derechos que ya se ha evidenciado que las redes sociales y el uso de dispositivos electrónicos
están generando en la infancia y adolescencia.
Las familias que integran ALM destacan la necesidad de regulación por parte de
administraciones públicas y tecnológicas. Y ante este escenario, la plataforma ha remitido al
Ministerio de Juventud e Infancia una serie de propuestas a implementar a corto, medio y
largo plazo. En primer lugar, el movimiento sugiere incorporar más profesionales del campo
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de la psiquiatría, neurología y psicología en el propio grupo de trabajo, dado que el impacto
más relevante del uso de redes sociales y nuevas tecnologías tiene lugar sobre la salud
mental. El movimiento propone además al Gobierno que solicite formalmente a los Colegios
de Médicos y de Psicología una declaración institucional sobre el uso de las redes sociales en
la infancia y la adolescencia como un problema de salud pública. Está demostrado que el uso,
y no únicamente el mal uso de los dispositivos móviles con acceso a internet y las redes
sociales, creadas para ser adictivas, están relacionados con una alteración emocional de los
menores.
ALM plantea también la importancia de que desde las diferentes administraciones se
promueva un pacto de familias para retrasar la llegada del primer smartphone, en línea con el
principio de precaución, como medida viable, inmediata y eficaz de reducción de riesgos. La
entrega del teléfono móvil con acceso a internet debe hacerse cuando se demuestre una
capacidad de madurez y competencia digital suficiente. Además, existen alternativas para la
localización o contacto con el niño, como los relojes que ofrecen la posibilidad de llamar o
enviar mensajes, o los teléfonos móviles sin datos.
La plataforma aboga por elevar la edad de acceso a las redes sociales hasta los 16 años y
establecer medidas eficaces para asegurar su cumplimiento, así como la puesta en marcha de
mecanismos de capacitación para familias, infancia y adolescencia. Desde ALM entienden que
la decisión de entregar los dispositivos ha de hacerse de forma libre e informada, conociendo
los riesgos y las medidas para un buen uso de los mismos. Al igual que la educación sexual no
se adquiere con la práctica, la adquisición de competencias digitales en un entorno digital que
no ofrece todas las garantías de protección al menor debe llevarse a cabo sin dispositivo hasta
que el desarrollo cerebral sea suficiente para que las ventajas de su uso superen los riesgos.
En este sentido, ALM hace hincapié en la importancia de sensibilizar y formar a todas las
familias en una digitalización responsable para evitar una exposición temprana al entorno
digital sin acompañamiento, control parental ni formación previa. Para ello, la iniciativa
ciudadana propone actividades de sensibilización tanto en el entorno educativo como en los
centros de salud.
Por otra parte, ALM defiende la necesidad de crear espacios libres de móviles, como los
centros educativos, para los que se pide una prohibición expresa del uso de los dispositivos
móviles personales en todo el centro escolar, durante toda la jornada, y eliminándose los
“fines didácticos”, así como otros lugares en los que se trabaje con niños. Asimismo, solicita
que desde las distintas administraciones públicas se potencien las actividades de ocio
alternativas.
Propuestas a medio plazo
Las familias que engloban ALM piden una regulación de los ocho tipos de contenidos
perjudiciales en la red: pornografía, acceso a juego y apuestas, páginas de contenidos
violentos, webs prosuicio, proanorexia y probulimia, así como aquellas que incitan al odio.
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ALM ve urgente que se impida esta vulneración de los derechos de la infancia mediante el
bloqueo efectivo de contenidos inadecuados por edad.
El movimiento ciudadano apuesta por trabajar la problemática con un enfoque de derechos
humanos, y elaborar una regulación específica en materia de debida diligencia, es decir,
aquella destinada a que las empresas que diseñan alojan y distribuyen contenidos y
aplicaciones digitales gestionen de forma eficaz el impacto en derechos humanos sobre las
personas potencialmente afectadas, con especial foco en la infancia y la adolescencia.
Finalmente, los datos preliminares de la encuesta realizada por ALM a 25000 familias indican
que el 84% de las familias estarían dispuestas a un pacto social para retrasar la entrega del
teléfono inteligente a sus hijos. El 72,8% considera que la edad de entrega debería ser, como
mínimo, los 16 años a pesar de que el 89% ya lo entregó a los 12 años o antes, hecho que
responde principalmente a la presión social.
