La sesión plenaria del Consejo de Políticas del Juego se ha reunido esta tarde para buscar un modelo normativo y tecnológico que facilite el intercambio de datos entre comunidades autónomas. Castilla y León aportará su experiencia en la gestión del registro de prohibidos que se ha desarrollado con eficiencia y rapidez en los últimos años.
El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, el director de Relaciones Institucionales, Máximo López, y la directora técnica del Área del Juego, María del Pilar Delgado, han participado esta tarde en el Consejo de Políticas del Juego convocado por el Ministerio de Consumo, que se ha celebrado de forma telemática.
En la convocatoria de esta sesión plenaria del consejo, el punto a tratar ha sido el régimen jurídico de prohibidos en las distintas comunidades autónomas y el intercambio de datos sobre los mismos. El registro de prohibidos tiene por objeto combatir determinados casos de ludopatía, en él las personas se auto prohíben el acceso a locales específicos de juego tales como bingos, salones de juego, casas de apuestas y casinos.
Como ha podido explicar el consejero durante su intervención, “en Castilla y León se ha desarrollado con intensidad el registro en los últimos años, se actualiza semanalmente y se envían telemáticamente los datos a todos estos locales específicos de juego”. Los referidos locales tienen la obligación de pedir la documentación a la entrada, para que no accedan ni menores ni prohibidos; además, no tener correctamente actualizado el registro o no pedir la documentación en el acceso al local conlleva graves sanciones.
“En Castilla y León se introdujo hace años la novedad de que una vez inscrito se debe permanecer en el registro un mínimo de seis meses”, según ha indicado el consejero. Igualmente, la prohibición afecta a todo tipo de locales y a todos los locales de Castilla y León. En este sentido, es importante recordar que en algunas comunidades autónomas todavía existe la posibilidad de prohibiciones específicas por locales concretos, por ejemplo, solo a bingos, pero no a casas de apuestas, o bien por localidad, algo que no sucede en Castilla y León, de conformidad con la opinión de expertos en este tipo de adicciones.
En esta convocatoria del Consejo de políticas de Juego se ha tratado de fijar una propuesta de aproximación conjunta sobre el modelo técnico y normativo de estos prohibidos, estableciéndose un plazo de cuatro meses para aprobar un acuerdo conjunto y de un año para desarrollar la tecnología necesaria de intercambio de datos.
En relación a esta sesión del Consejo, Ibáñez ha señalado que “desde Castilla y León llevamos varios meses pidiendo que se reuniera el Consejo de Políticas del Juego, hoy hemos dado un paso importante y vamos a aportar toda la experiencia acumulada durante todos estos años en la gestión del registro de prohibidos en la Comunidad”.
