El consejero ha defendido el alto grado de cumplimiento de los compromisos de la Consejería, como muestra del buen hacer del Gobierno de Mañueco, volcado con la protección de las personas, desde los servicios públicos, hasta el mundo local. La comparecencia ha constatado importantes avances en la estabilización de la función pública, que mira al futuro con decenas de iniciativas para su consolidación; o en la ayuda al mundo local, especialmente durante la pandemia, poniendo a Castilla y León al frente del apoyo a los municipios en toda España.
El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, ha comparecido esta mañana, a petición propia, en la comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León para analizar el grado de cumplimiento de los objetivos de su departamento en la legislatura. El resumen de su intervención se plasma en el volumen de compromisos alcanzados por la Consejería, siendo el 90 % de las 49 grandes lineas de actuación que se fijaron al inicio de la X Legislatura y que el consejero presentó en la citada comisión.
Un grado de cumplimiento fruto de un trabajo constante en diversas materias, algunas con un caracter transversal inequívoco para la Junta de Castilla y León, y que vertebran el funcionamiento de la Administración en su conjunto.
En este sentido, el consejero ha expuesto el nivel de cumplimiento de los objetivos por departamentos, diferenciando temas esenciales o de mayor calado para la Consejería, y que ponen de relieve la vocación de protección del Gobierno de Mañueco, desde los servicios públicos hasta el mundo local.
FUNCIÓN PÚBLICA
El consejero, bajo la premisa de la seguridad jurídica y en permanente diálogo con las organizaciones sindicales, ha desgranado las numerosas acciones que se han llevado a cabo en estos dos años por la Administración, encaminadas a su estabilización y modernización. Para ello, ha destacado iniciativas pioneras como el I Plan de Igualdad de la Junta de Castilla y León, aprobado por unanimidad por las organizaciones sindicales.
Asimismo, ha defendido los importantes esfuerzos por conseguir que la Comunidad cuente con un marco normativo completo y adaptado a su idiosincrasia. De esta forma, ha puesto en valor el trabajo de adaptación de la nueva Ley de Función Pública, cuyo texto ya se encuentra en fase de negociación colectiva, y se va a tramitar para que llegue a las Cortes antes de finalizar el año. O la nueva Ley de Cuerpos y Escalas, que ya se ha sometido a la fase de participación pública, con el fin de acompasar el empleo público a las titulaciones surgidas del Plan Bolonia y a la realidad del ejercicio de competencias autonómicas.
De igual modo, el consejero indicó que se está negociando el nuevo convenio colectivo del personal laboral, negociación que se prevé termine en noviembre para proceder a su inmediata tramitación. También el Decreto por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, que ya ha superado el trámite de audiencia pública y negociación colectiva.
Algunos hitos de especial relevancia alcanzados en el ecuador de la legislatura han sido la modificación de las relaciones de puestos de trabajo, acometida en marzo de este año, para adaptarlas a las necesidades actuales. O el trabajo por la transparencia, que se ha visto refrendado por el cumplimiento total de los compromisos, con la puesta en disposición pública de numeroso datos e información en materia de empleo público.
Dentro de este bloque el consejero ha destacado especialmente uno de los retos más motivadores de la Consejería, y es el desarrollo de la evaluación del desempeño y la implantación de la carrera profesional de los empleados. “En esta Administración, el talento y el esfuerzo, como en toda organización que se precie, debe ser reconocido y compensado”. Así, indicó que el pasado día 10 de septiembre se ha publicado la Orden por la que se convoca el proceso extraordinario de acceso a la carrera profesional en su grado 1, con el objetivo de que su abono se pueda efectuar antes de que acabe el año y que para esta convocatoria supondrá 41 millones de euros.
Otro de los avances significativos en la modernización de la función pública es el relativo al acuerdo alcanzado para la distribución de los fondos adicionales, fruto también del diálogo y consenso con las organizaciones sindicales, que recoge la aprobación de un concepto retributivo para el personal al servicio del sector público, valorado en más de 24 millones de euros. O el concurso abierto y permanente, que se resolverá en el próximo mes de octubre con la incorporación de los empleados en enero de 2022 y en el que han participado cerca de 5.300 personas.
La digitalización de la Administración ha supuesto un punto importante en la comparecencia, indicando su relevancia en la transformación digital, proceso que se ha visto acelerado por la pandemia causada por el COVID-19. En este sentido ha destacado la puesta en marcha de la elaboración de un Decreto por el que se regula el certificado de competencias digitales del personal al servicio de la Junta, y el trabajo que se está ultimando sobre el Decreto que regula el teletrabajo en la Administración sobre el que, una vez terminada la fase de negociación, se producirá su debate mañana mismo en el Consejo de Función Pública, según ha anunciado.
En relación con la captación y retención del talento joven, Ibáñez ha anunciado que en las próximas semanas suscribirá un convenio con las Universidades Públicas de Castilla y León, para dar la posibilidad a los más jóvenes de realizar prácticas en la Administración.
La estabilización del empleo público es uno de los pilares de trabajo de la Consejería en materia de Función Pública, tema que se encuentra de permanente actualidad y discusión a nivel nacional. En este sentido el consejero se ha referido a la reforma que pretende el Gobierno de España, y ha mostrado su preocupación en cuanto a que esta no preserve el pasado, y con él todo el talento que ya está al servicio de la Administración. “No existen fórmulas mágicas, el empleo público solamente se estabiliza desarrollando una buena política de personal, y eso ocurre cuando las administraciones tenemos las herramientas necesarias para poder realizar una correcta planificación. Y mucho nos tememos que esto no va a ocurrir en la anunciada modificación normativa” aseveró Ibáñez.
Por el contrario, el compromiso de la Junta con la estabilización en el empleo público es total, y así lo suscriben los acuerdos firmados hasta la fecha con las organizaciones sindicales. En este sentido el consejero recordó que ya se han convocado 61 procesos selectivos con un total de 2033 plazas de estabilización. Además, anunció que se está trabajando para convocar el total de procesos del 17 y del 18 en este año y que se acumularán los procesos selectivos del 2019 y el 2020, así como la próxima aprobación, con el mayor consenso posible, de la oferta de empleo público de 2021.
En relación con la Escuela de Administración Pública, se ha referido al nuevo Decreto aprobado por el cual se regula la ECLAP, y que le atribuye la gestión de la selección de personas que integrarán el empleo público. Además, ha destacado el refuerzo de la formación con la firma de Convenios con las Cortes de Castilla y León y las Instituciones Propias de la Comunidad, para la transferencia del conocimiento.
POLÍTICA INSTITUCIONAL
En este bloque, con un marcado carácter transversal, el consejero ha agradecido especialmente la tarea de las delegaciones territoriales, de los delegados y los empleados públicos que trabajan en ellas, por acercar la tarea de la Junta a todo el territorio, especialmente durante la pandemia.
Agenda 2030
Ibáñez se ha referido a la puesta en marcha de los ejes de actuación de la Junta en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una línea de trabajo pionera y ambiciosa que hace avanzar a la Comunidad en la protección de las personas con la vista puesta en el futuro económico, social y medioambiental sostenible. Además, ha anunciado la creación del Comisionado de la Agenda 2030 y la creación de los “Premios de Castilla y León en Objetivos de Desarrollo Sostenible”. El impulso de un grupo de trabajo específico de la Agenda 2030 dentro de la Conferencia de Titulares de Alcaldía y Presidencias de Diputación, y la novedad de que los presupuestos 2022 van a ser ejecutados a través del cristal de la Agenda 2030, han sido dos de las novedades de este bloque, así como próximas colaboraciones con las Universidades de Castilla y León.
Servicios Jurídicos
El consejero ha destacado la labor esencial de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León, especialmente durante la pandemia, asesorando, representando y defendiendo a la Comunidad. En este sentido, ha destacado las instrucciones relativas a la interpretación de la suspensión de plazos en los procesos administrativos del sector público de la Comunidad como consecuencia de la primera declaración del estado de alarma que permitieron tener una guía de actuación común y unitaria en toda la Administración. Asimismo, se ha referido al papel fundamental a través del asesoramiento jurídico prestado para la aprobación de medidas acordadas por la autoridad sanitaria de la Comunidad con ocasión de la crisis sanitaria.
Además de dar cuenta del enorme trabajo de la dirección en relación con su funcionamiento ordinario, ha incidido por su gran relevancia para Castilla y León en 3 sentencias, como la que avala la constitucionalidad de la modificación de la Ley de Caza; la sentencia del Tribunal Constitucional que desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 53 senadores del Grupo Socialista contra el Decreto-Ley de 2 de julio de 2020 de medidas urgentes para incentivar las medidas de recuperación económica y social en el ámbito local; y la pionera sentencia del Tribunal Supremo por el pago del IVA adeudado a Castilla y León, sentencia a la que han seguido las reclamaciones al Estado por parte del resto de las comunidades autónomas y entidades locales de toda España.
Entre otros asuntos, el consejero ha destacado la encomienda a los Servicios Jurídicos del asesoramiento jurídico preventivo al sector público de la Comunidad y a sus empresas públicas, el denominado “Compliance”, que da cumplimiento a un compromiso del presidente Mañueco, de crear en el seno del sector público de Castilla y León una cultura de integridad en el cumplimiento normativo.
Víctimas del Terrorismo
El consejero ha garantizado el compromiso del Gobierno de Mañueco con las víctimas del terrorismo, “en estos tiempos convulsos de agitada política nacional, donde se prima la retribución moral a verdugos por encima de las víctimas, esta Comunidad quiere avanzar y revitalizar su compromiso con las víctimas del terrorismo y con sus familias”.
El consejero ha recordado la figura de Juan José Aliste, el comandante tristemente fallecido el año pasado y al que hace escasos días se la ha otorgado la Medalla a la Defensa y Atención a las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad, a título póstumo. Asimismo, ha puesto en valor la entrega de medallas a las víctimas que se otorgan desde la Consejería de la Presidencia, así como la colaboración continua con la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, con quien se ha suscrito un acuerdo para seguir trabajando por la reparación de las mismas en la Comunidad, con actividades que han resultado un éxito y que seguirán llevándose a cabo como el “Programa Testimonio de las víctimas en las aulas”, que llega a los escolares de toda la Comunidad. Además, ha comprometido continuar avanzando en la materia y para ello ha anunciado nuevas actividades con la Fundación de Víctimas del Terrorismo.
Relaciones Institucionales
La Consejería contemplaba entre sus compromisos de legislatura completar el mapa de protocolos generales con las comunidades autónomas limítrofes para facilitar un mejor acceso a los servicios públicos en todo el territorio. Por ello, el consejero se ha referido al protocolo general con Cantabria, firmado por los presidentes de ambas comunidades el pasado 27 de octubre en Arija. Y con este compromiso cumplido ha dado cuenta del trabajo que se está haciendo para la próxima firma de un protocolo general con el País Vasco. Además, en materia de relaciones institucionales, se ha puesto en valor la cooperación con el Estado, con las Cortes de Castilla y León, y las instituciones propias de la Comunidad, como una tarea constante y productiva que seguirá siendo prioritaria en lo que resta de legislatura.
Materia de Juego
En relación con el Juego en la Comunidad, Ibáñez ha asegurado que el trabajo de estos dos años ha estado centrado en revisar la normativa en relación con un sector que genera empleo y riqueza, para traerlo al presente con garantías, y con la premisa de la protección de las personas, especialmente de las más vulnerables. Así, ha puesto en valor la creación y trabajo de la Mesa del Juego Responsable, que cuenta con todas las voces acreditadas en la materia en Castilla y León.
El empeño de la Consejería en estos dos años se ha visto materializado, entre otros aspectos, en la aprobación el pasado mes de junio del Decreto-Ley 3/2021 que paraliza la concesión de licencias para instalar casas de apuestas o salones de juego en todo el territorio. Un paréntesis temporal que permite hacer un análisis sosegado de la actual situación del sector y avanzar en una ambiciosa modificación de la actual de Ley del Juego. Ley que recogerá puntos esenciales en su texto como la potenciación del control de entrada a los salones de juego y de las casas de apuestas, la ampliación del régimen sobre distancias mínimas entre establecimientos específicos de juego y apuestas, o una profunda revisión del régimen sancionador.
Información y comunicación
En relación con la tarea desarrollada por la dirección de Comunicación, se ha destacado la rápida y efectiva adecuación de la Junta a las necesidades de medios de comunicación y profesionales, durante la pandemia. Así como la tarea de transparencia en materia de publicidad institucional, o el establecimiento de los criterios objetivos para la contratación de la esta publicidad en los distintos medios de comunicación. Además, a pesar de la pandemia, ha puesto en valor el esfuerzo de la Consejería por mantener las becas de comunicación en las delegaciones territoriales y en la dirección de Comunicación, así como la entrega de “Premios de Periodismo Francisco de Cossío”, que se ha retomado este año tras la parálisis ocasionada por la pandemia.
ADMINISTRACIÓN LOCAL
El consejero ha agradecido especialmente el esfuerzo de las entidades locales de Castilla y León, sobre todo en un momento tan complejo como la crisis del COVID-19. Para afrontar este importante bloque de la comparecencia ha hecho referencia a la forma de trabajar con el mundo local, que ha consistido en la escucha activa y permanente de sus necesidades, lo cual ha condicionado la forma de actuar de la Consejería a lo largo de estos dos años de legislatura.
Así, Ibáñez ha defendido que Castilla y León es un ejemplo en toda España en la ayuda a las entidades locales, con más de 93 millones de euros en 4 fondos extraordinarios para proteger al mundo local en el peor momento de la pandemia. Ha hecho hincapié en el plan de inversiones a municipios y diputaciones en el marco de la Agenda 2030, para dinamizar la economía y el empleo en el mundo local, un plan que ahora hace balance y que ha superado las cifras iniciales con 115 millones de euros movilizados, un 35% más de lo previsto, y que supone la generación de un mínimo de 5.200 empleos en los últimos 12 meses a través de 3.400 inversiones que están modernizando servicios e infraestructuras básicas del mundo local.
Por otro lado, ha destacado la importante ayuda a las mancomunidades, que ha supuesto más de 10 millones de euros, y que ha alcanzado a 111 mancomunidades y 1.646 municipios.
Otro de los avances significativos en materia local son los fondos incondicionados vinculados a los ingresos impositivos de la Comunidad, que en el momento más difícil han vuelto a responder, con un incremento del 25% en las cantidades que la Consejería ha aportado por este concepto a los municipios de Castilla y León.
Además, ha defendido la capacidad de la Junta para adoptar medidas urgentes y extraordinarias para reactivar la economía y afianzar la recuperación económica y social en el territorio, medidas avaladas por el Tribunal Constitucionales ante el recurso fallido presentado por el Partido Socialista de Castilla y León.
Por otro lado, ha puesto en valor las ayudas de la Cooperación Económica Local General destinadas a las diputaciones, y que se ha resuelto en tres líneas con un total de 14 millones de euros. Así como la renovada financiación al Consejo Comarcal de El Bierzo que, tras la actualización de su convenio, ha recibido en el ejercicio 2020 2,1 millones de euros, y en el ejercicio 2021 se ha incrementado a 2,3 millones.
“La financiación local de la comunidad autónoma ascendió en el ejercicio 2020 a 74 millones de euros y se alcanzará cuando termine el ejercicio 2021 los 102,7 millones de euros, lo que supone un incremento cercano al 40%, esfuerzo que acredita la apuesta decidida por el mundo local” indicó el consejero.
En relación con el régimen jurídico de la administración local, Ibáñez ha destacado la gestión de la bolsa de trabajo de personal interino para la cobertura de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación nacional y que estará en marcha el año que viene, para ayudar a resolver un problema que supone un verdadero escollo en el mundo local.
Y en esta línea, la Consejería no solo ha prestado su ayuda a los municipios, sino también a los órganos que garantizan la rendición de cuentas, como otra forma de salvaguardar los intereses del mundo local, como acredita el importante paso dado al introducir las modificaciones oportunas en las ayudas y subvenciones de la Cooperación Económica Local, que determinan que, para que una entidad local pueda ser beneficiaria de una subvención, es preciso haber cumplido sus obligaciones de rendición de cuentas ante los órganos de fiscalización.
“En definitiva, señorías, este también es el gobierno del cambio de visión en materia de municipalismo. La Junta de Castilla y León tiene un firme compromiso con el mundo local y con su activa protección y defensa, consciente de las circunstancias particulares en que se encuentran muchas entidades locales del medio rural”, concluyó el consejero.
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