El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha celebrado esta esta mañana la firma de un convenio pionero entre la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y el Consejo Regulador de Ribera del Duero que facilitará la tramitación administrativa a los 7.500 viticultores aglutinados por esta denominación de origen. Cada año, cerca de un millar se enfrentan a problemas burocráticos debido a la disparidad de información entre los distintos registros existentes.
García-Gallardo se ha mostrado muy satisfecho del acuerdo, que no tiene precedentes en Castilla y León. “Este convenio simplifica trámites burocráticos para hacerle a los viticultores la vida más fácil en su día a día. Queremos que se dediquen menos a hacer papeles y más a seguir haciendo los grandes vinos de calidad que se hacen en Ribera de Duero”.
Asimismo, ha destacado que este convenio “es sólo un primer paso” en la colaboración con este consejo regulador que, además, la Junta quiere extender a las demás denominaciones de origen asentadas en Castilla y León, que agrupan a otros 11.000 viticultores con problemas similares.
El convenio ha sido suscrito por el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas Merino, y el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero, Enrique Pascual García.
Su objetivo principal pasa por crear una plataforma de intercambio de datos telemáticos, que permita resolver los desajustes entre el Registro Vitícola de la Consejería y el de la denominación. Actualmente, las 2.600 actualizaciones que se realizan cada año deben resolverse de forma manual, consumiendo una gran cantidad de recursos de todos los implicados, y con el riesgo de cometer errores de transcripción. Por ello, el vicepresidente ha destacado que el acuerdo, además, “aporta seguridad jurídica”.
Según información de la Consejería de Agricultura, se estima que en torno al 10 % de los titulares de explotaciones que figuran en el Registro Vitícola no tienen actualizado alguno de sus datos registrales, lo que equivale a unas 3.000 hectáreas de superficie de viñedo que podrían tener incidencias. La información correcta, sin embargo, existe, y se puede acceder a ella, de modo que el desajuste puede resolverse, como plantea el convenio, con un cauce telemático de intercambio de información.
