El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, dedica su décima comparecencia del año en las Cortes a la presentación del Informe anual de las Cuentas del Sector Público Local
A fecha actual, el 88,4 de los ayuntamientos de Castilla y León han cumplido con la obligación legal de rendir las cuentas generales del último ejercicio, el del año 2022, aunque el 22% lo ha hecho fuera del plazo legalmente establecido en la Comunidad, el 31 de octubre del ejercicio siguiente.
No obstante, la comparación por comunidades autónomas de los niveles de rendición en plazo de los ayuntamientos pone de manifiesto que Castilla y León, pese a tener casi el 30% de los ayuntamientos del país, presenta valores superiores a la media nacional, el 60,1%, con un diferencial de 6,3 puntos porcentuales favorables a esta Comunidad, el más alto registrado en los últimos 4 años.
Estos fueron algunos de los datos expuestos hoy por el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, en las Cortes de Castilla y León durante la presentación del Informe Anual de las Cuentas del Sector Público local, que fue aprobado por el Pleno de la institución el pasado 23 de julio en Zamora.
La de hoy ha sido la décima comparecencia del año, que suma la número 54 del actual mandato del Pleno del Consejo, cifra que representa la mitad de las 108 que han tenido lugar en toda la serie histórica de la institución, con el 45% de todos los informes de fiscalización presentados desde 2006.
Un dato que, según subrayó, está en la línea del Plan Estratégico del Consejo de Cuentas y más concretamente de algunos de sus objetivos centrales como son los de mejora del tiempo de ejecución de los trabajos, acercando en lo posible el momento de presentación de los informes al periodo fiscalizado, propiciando que estos sean expuestos de una forma más ágil en las Cortes. Una serie de medidas que viene impulsando el órgano de control externo desde 2019 para reforzar su papel como herramienta fundamental de calidad democrática y transparencia a fin de garantizar una adecuada gestión de los recursos públicos.
También, como ha sido el caso del informe presentado hoy, incidiendo en otro de los objetivos estratégicos: avanzar en materia de transparencia, impulsando el cumplimiento de la obligación legal de rendición de cuentas. Así, el Consejo de Cuentas remitió un escrito previo a la finalización del plazo de rendición de cuentas a 3.465 entidades, recordándoles esta obligación legal. Y, posteriormente, recordando la finalización del plazo a 1.857 que no habían rendido la cuenta general de 2022 y ejercicios anteriores, instando a su cumplimiento.
Amilivia reiteró que “la rendición de cuentas, como deber democrático y obligación legal, garantiza la transparencia que permite a los ciudadanos conocer el uso de los fondos públicos por parte de sus representantes locales y la situación económica de sus municipios”. Permitiendo, asimismo, con el control externo ejercido, la observación parlamentaria y una mejor gestión de las entidades locales.
Dado el enorme número de entidades locales en Castilla y León, insistió en la importancia del papel que han de desempeñar las diputaciones y el Consejo Comarcal de El Bierzo a través de los Servicios de Asistencia Técnica en el proceso telemático de rendición de cuentas, colaborando con las entidades de su ámbito territorial y con especial atención a las de menor tamaño.
Sector público local de Castilla y León
El conjunto del sector público local de la Comunidad está integrado por 4.912 entidades (4.740 entidades locales y 172 entidades dependientes y adscritas).
La situación final global con respecto al ejercicio 2021, resultado de las variaciones producidas en 2022, refleja el alta de 4 entidades y la baja de 18, de forma que se registra una disminución neta de 14 entidades en el sector público local.
Con respecto a 2021, se produjeron las siguientes variaciones: baja de una mancomunidad en Soria; supresión de 7 entidades locales menores (4 en Burgos, dos en León y otra en Palencia); disolución de dos consorcios en León; supresión de dos fundaciones en Salamanca; baja de dos sociedades mercantiles en León; disolución de 4 organismos autónomos, uno en León y 3 en Burgos<, y alta de 4 sociedades mercantiles, dos en Ávila, una en León y otra en Soria,
La estructura municipal de la Comunidad hace dos años, con la población reflejada en estratos, apunta una alta concentración en los municipios de mayor tamaño, de forma que los 16 mayores de 20.000 habitantes (0,7% del total) concentran algo más de la mitad de la población de la Comunidad (el 52,3%) mientras que en los 2009 municipios menores de mil habitantes (89,4%) reside el 18,4% de la población.
En cuanto a la distribución poblacional, tal como se viene constatando en ejercicios anteriores, destaca la desigual distribución por provincias. En 4 de estas (Valladolid, León, Burgos y Salamanca) se concentra el 69,4% de la población, mientras que las otras 5 (Zamora, Palencia, Ávila, Segovia y Soria) agrupan el 30,6% restante.
Rendición de cuentas
El informe pone de relieve que 2.484 entidades locales rindieron la cuenta general en plazo, un 52,4%, con un descenso de 5,8 puntos porcentuales respecto a 2021. Por tipo de entidad, los ayuntamientos presentaron el mejor nivel de rendición en plazo, el 66,4%, si bien se registró una disminución interanual de 3,1 puntos. Solo aumentó la rendición en Burgos, 1,3 puntos más, registrando un 63,1%. A continuación, las diputaciones, pasando de 6 a 5 las que rindieron en plazo. Las entidades locales menores registraron un 39% en su nivel de rendición, disminuyendo 8,6 puntos.
Castilla y León tiene 2.248 ayuntamientos y 2.207 entidades locales menores, el 28% y el 60%, respectivamente, del conjunto de estas entidades del sector público de España.
A fecha actual, han cumplido todas las diputaciones, el 88,4% de los ayuntamientos y el 75% de las entidades locales menores, si bien el Consejo Comarcal de El Bierzo continúa sin rendir. El porcentaje actual de rendición de los ayuntamientos presenta una horquilla provincial que oscila entre el 92,7% de Zamora y el 83,6 de Soria.
Del análisis de los incumplimientos, las entidades locales que no rindieron cuentas en plazo legal, un total de 2.256, se desglosan en 756 ayuntamientos, 4 diputaciones, el Consejo Comarcal berciano, 148 mancomunidades y 1.347 juntas vecinales. Dentro de ayuntamientos con población superior a 50.000 habitantes, fueron los de Segovia, Zamora y Ponferrada, que rindieron posteriormente. Por su parte, el Consejo Comarcal de El Bierzo sigue sin rendir la cuenta de 2022, así como las de los 4 ejercicios precedentes.
El Consejo ultima una fiscalización sobre la situación de los ayuntamientos más incumplidores en la rendición de cuentas, cuya aprobación puede darse este mes.
Análisis de las cuentas
Entre las 2.581 cuentas del ejercicio 2022 objeto de revisión, inicialmente 550 se presentaron completas y sin incidencias, mientras que las otras 2.031 contenían incidencias de diversa índole que fueron comunicadas a las entidades afectadas. Tras el proceso de subsanación por las entidades correspondientes, el total de cuentas sin incidencias pasó a ser de 572. Un 61,3% de las incidencias fueron de carácter formal, relacionadas incumplimiento de plazos y trámites, y el resto, definidas como sustanciales, se refieren al contenido de la información.
Ciclo presupuestario y contable
Entre las entidades locales se produce un incumplimiento elevado del plazo de aprobación del presupuesto de 2022, con 1.546 (el 62,2% de las que rindieron cuentas) que lo hicieron después del plazo legal (31 de diciembre de 2021).
Este incumplimiento también afecta a la aprobación de la liquidación del presupuesto, pero en menor medida, ya que en este caso son 429 las entidades que rebasan el plazo, el 17,2% de las que rindieron la cuenta general. Con respecto al ejercicio anterior, mejoraron tanto el cumplimiento de los plazos en la aprobación del presupuesto (6 puntos más), como en la fase de liquidación (4,4 puntos).
Principales magnitudes presupuestarias y económico-financieras
En cuanto a la liquidación presupuestaria, las 2.484 entidades locales que rindieron cuentas reconocieron gastos por 2.729 millones de euros e ingresos por 2.845,2, con un resultado presupuestario agregado de 116,2 millones. El resultado presenta una evolución positiva en el periodo 2019-2022, con un aumento del 90,8%; no obstante, en 2022 solo el 49,6% de las entidades liquidó con resultado positivo.
Los municipios gestionan el 78,2% del total de los recursos y gastos de todas las entidades locales y casi la mitad de este porcentaje corresponde a los mayores de 50.000 habitantes.
Por otra parte, en el 98,6% de las entidades locales el remanente de tesorería para gastos generales resultó positivo, alcanzando el importe agregado 1.141,9 millones. En el periodo 2019-2022 el remanente presenta una trayectoria creciente en todos los ejercicios, con un incremento global del 23,9%.
Los fondos líquidos de tesorería experimentan un crecimiento del 41,4% hasta los 1.427,9 millones (el 71,4% corresponde a los ayuntamientos y el 20,5% a las diputaciones). El importe de la deuda viva sumaba al cierre de 2022 un total de 765,2 millones, con un incremento interanual de 51,6 millones, pero la relación entre el volumen de deuda y los ingresos corrientes mantiene una trayectoria decreciente, bajando del 33,6% al 27,8% en 2022.
Contratación administrativa y convenios
Dentro del plazo establecido para la remisión al Consejo de los expedientes de contratación formalizados o, en su caso, una certificación negativa (el 28 de febrero de 2023) solo 1.613 entidades (34,2%) habían enviado la información. Cifra que se eleva a 2.386 entidades (50,3%) a final de año. La información revela la formalización en 2022 de 73.049 contratos por las entidades locales, con un importe de adjudicación de 554 millones.
Las entidades también están obligadas a remitir antes de concluir el mes de febrero del ejercicio siguiente una relación de los convenios celebrados o en caso contrario una certificación negativa. Dentro del plazo lo hicieron 1.228 entidades (25%) mientras que 295 lo hicieron fuera de plazo. Incumplieron por tanto esta obligación 3.389 entidades, el 69% de las que deben hacerlo.
Recomendaciones
El Consejo de Cuentas considera que mantienen su vigencia las recomendaciones recogidas en las dos declaraciones suscritas por el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo autonómicos en 2017.
En la “Declaración sobre las medidas para estimular la rendición de cuentas de las Entidades Locales” se propone promover la cobertura de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional; reforzar los medios de las intervenciones locales; fortalecer la asistencia a los municipios; actualizar la regulación de las multas coercitivas en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas o de falta de colaboración; o llevar a cabo las reformas normativas para condicionar la percepción de subvenciones, ayudas o transferencias de otras administraciones a la efectiva rendición de cuentas.
En relación con esta última propuesta, Amilivia incidió en la novedad introducida en 2021 por la Consejería de la Presidencia en la orden de convocatoria del Fondo de Cooperación Económica Local General, al contemplar por primera vez, como requisito a cumplir por las entidades beneficiarias, la rendición de cuentas ante el órgano de control externo, constituyó un avance muy relevante en relación al cumplimiento de esta reivindicación histórica.
“Más allá de que este año, como ya he indicado anteriormente, se ha reforzado el requisito establecido al exigirse a las entidades locales la acreditación de que la rendición de cuentas esté además cumplida dentro del plazo legal, a criterio del Consejo de Cuentas esta condicionalidad debiera hacerse extensiva a otras convocatorias de ayudas y elevarse su rango normativo, motivo por el cual en el informe se mantiene como recomendación en su sentido general”, afirmó.
En cuanto a la “Declaración sobre las modificaciones legales para promover la reducción de los plazos de rendición de las cuentas del Sector Público”, en ella se insta a adoptar medidas legales para que se establezca como fecha límite para la rendición la del 30 de junio del ejercicio siguiente al que las mismas se refieran.
Además, el Consejo insiste en otras tres recomendaciones. Las entidades deben incrementar sus esfuerzos para ajustar sus actuaciones a los plazos contemplados en la normativa sobre el ciclo presupuestario y contable, con especial atención a la aprobación de los presupuestos.
Asimismo, la cuenta general debe ajustarse a lo dispuesto en la normativa, siendo especialmente recomendable la utilización del validador externo de la Plataforma de Rendición de Cuentas. Finalmente, las entidades locales deben remitir anualmente al Consejo información sobre su actividad contractual y los convenios celebrados.
