La concejala Ana Alegre ha querido matizar algunos aspectos sobre la adquisición de mascarillas durante el estado de alarma, contestando así a las declaraciones del PP de Soria esta mañana.
‟Por un lado ha explicado que en la compra de las mismas han primado tres aspectos:
- La calidad de las mascarillas para garantizar que todas ellas cumplían con las exigencias de Sanidad e evitar situaciones como las vividas por otras administraciones con la retirada de lotes completos.
- La entrega en tiempo y forma, viendo los problemas de abastecimiento de otras administraciones.
- El precio, siendo la oferta más barata.
Además de estos aspectos, ha recordado que la compra se ha llevado a cabo a través de una empresa de Soria, que en todo momento garantizó el suministro de las mismas para realizar un reparto entre toda la población de la ciudad, algo que asumió el Ayuntamiento de Soria en solitario dado que la Junta de Castilla y León ya anunció que no entraba entre sus intenciones esta dotación de material de protección a la ciudadanía en general.
La concejala también ha explicado que una de las partidas de mascarillas se facturó con IVA por ser una compra anterior a la publicación del Real Decreto del 22 de abril en el que el Gobierno eximía del pago de este impuesto a las compras relacionadas con el material de protección.
Respecto a los plazos, ha recordado, por ejemplo, como un lote de mascarillas cuyo contrato de suministro se realizó con el Corte Inglés no pudo llegar en tiempo con lo que el contrato quedó suspendido y la propia empresa como compensación donó 7000 quirúrgicas al Ayuntamiento
Respecto a las dudas del PP, ha querido ser clara «lamentando que sea el PP quien se relaje con la entrada en fase 1 y en lugar de informarse sobre todos estos puntos, esenciales para dotar a toda la ciudadanía de las mascarillas quirúrgicas, genere incertidumbres» y también ha echado de menos que «en lugar de criticar una medida que ha favorecido a todos los sorianos y sorianas de la ciudad, reivindique que otras administraciones que gobierna hagan lo propio dotando a la población de este material ahora obligatorio».
Para acabar insiste en que todos los contratos cuentan con la fiscalización de los servicios técnicos que garantizan su total legalidad”.
