El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, presentó este lunes en su decimoquinta comparecencia del año ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes la fiscalización financiera de la Gerencia Regional de Salud, con especial referencia a los pagos realizados como consecuencia del contrato para la construcción y gestión del Hospital Universitario de Burgos (HUBU).
Con esta son 59 las comparecencias celebradas durante el actual mandato del Consejo en las que se han analizado 134 informes de los 287 presentados por el Consejo de Cuentas en toda su serie histórica, es decir, el 47% del total.
En función de los resultados del trabajo, la institución de control externo opina que la Cuenta General de la Gerencia Regional de Salud se presenta, con carácter general, de acuerdo con los principios y normas contables que le son de aplicación, y refleja de forma fiable su actividad económico-financiera, excepto por las limitaciones al alcance recogidas en el informe y por las incorrecciones materiales referidas en las conclusiones de este.
Se trata de una auditoría financiera que expresa una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados, en todos los aspectos materiales, conforme al marco de información financiera aplicable; al tiempo que emite un informe sobre los estados financieros y el cumplimiento de los requerimientos de comunicación de las Normas Internacionales de Auditoría adaptadas para su aplicación al sector público español.
En el periodo fiscalizado, ejercicios 2020 y 2021, el Sistema Público de Salud de Castilla y León se organiza territorialmente en 11 áreas de salud, que son las principales estructuras de referencia para la organización de las actuaciones sanitarias. Áreas de salud que se dividían a su vez en 248 zonas básicas de salud (circunscripciones funcionales del sector sanitario).
El resultado de los trabajos quedó reflejado en las 23 conclusiones que recoge el informe. Por ejemplo, la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de la Gerencia supone más de un tercio de la Cuenta General Consolidada de la Comunidad. Así, las obligaciones reconocidas netas supusieron en 2019 el 33%, el 38% en 2020 por la influencia de la COVID-19, y el 35% en 2021. Cuantitativamente, en 2019 ascendieron a 3.650 millones de euros; en 2020 fueron 4.696 millones y en 2021 se cifraron en 4.384.
El 97% del gasto realizado por la Gerencia en 2021 son operaciones corrientes que provienen en la práctica totalidad de obligaciones reconocidas en el capítulo de personal, con un 49%; en el de bienes y servicios, con un 31%, y en el de transferencias corrientes con un 18%.
Dentro del importe contabilizado en el ejercicio 2020 en arrendamientos y cánones, 83 millones de euros corresponden a las cuotas para el uso de infraestructuras y equipamientos en pago por el contrato de concesión de obra pública para la construcción y explotación del nuevo Hospital de Burgos. El canon disminuyó 1.230.037 euros respecto a 2019 y el 2021 el gasto fue de 88 millones, que representa el 2% del desembolso anual de la Gerencia.
Las obligaciones reconocidas por la GRS en el capítulo de transferencias suponen el 15% de la liquidación del presupuesto de gastos en 2020 por 738 millones de euros y un 17% en 2021 por 773, correspondiendo un 96% a gasto farmacéutico.
Por su parte, las incorrecciones materiales detectadas en la auditoría y que afectan a la opinión del Consejo de Cuentas se concretan en las siguientes conclusiones.
Las tres primeras se refieren al inmovilizado de la GRS, es decir, al valor de los bienes muebles e inmuebles. En esta línea, la entidad no dispone de un inventario completo, actualizado y conciliado con las cifras registradas contablemente, a lo que se añade, precisó, la falta de funcionamiento del módulo de activos dentro del Sistema de Información Contable de la Comunidad (SICCAL) para la Gerencia Regional de Salud, instrumento que se utiliza para reflejar el valor del inmovilizado inventariado en la contabilidad.
Amilivia subrayó en este punto como información actualizada que la fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad del 2022 permitió verificar la implantación en el SICCAL del módulo de activos para construcciones y terrenos, si bien faltaría para el resto del inmovilizado.
En segundo lugar y, en consecuencia, la dotación a la amortización por la pérdida de valor que supone el uso u obsolescencia de los bienes es una estimación global en función de la naturaleza de la cuenta contable, no siendo calculada en función de cada bien y de su vida útil, lo que afecta al resultado del ejercicio de una forma que no es posible cuantificar.
En tercer lugar, no se registran en la contabilidad las bajas de inmovilizado ni de forma global ni individualizada, con las implicaciones que ello conlleva.
La siguiente incorrección material alude al convenio entre la Gerencia y la Tesorería de la Seguridad Social para el pago de las cotizaciones de los trabajadores, en virtud del cual se hacía un pago a cuenta todos los meses y posteriormente se efectuaba la liquidación final en el primer trimestre del año siguiente.
Pues bien, la cuenta que recoge la corriente financiera de dicho convenio en 2020 y 2021, presentaba a cierre del ejercicio 2019 un saldo deudor de 198,83 millones de euros cuando la liquidación del ejercicio fue a favor de la Gerencia por 4.053.123 euros.
En 2020 el saldo era deudor por 64,08 millones cuando en realidad la liquidación fue a favor de la Tesorería de la SS por 29,60 millones. Y en 2021 tenía un saldo deudor de 196.427 cuando la liquidación fue a favor de la Tesorería por 8.393.749.
La actualización de la información en este apartado pone de manifiesto que a partir de 2022 se reconocen las cotizaciones a la Seguridad Social a mes vencido por el importe correspondiente.
Con relación a las deudas con las administraciones públicas que refleja el pasivo del balance en 2020, incluyen un saldo deudor de 215,94 millones de euros en la cuenta “Organismos de Previsión Social, acreedores”, siendo esta una cuenta acreedora por definición que refleja la deuda con la Seguridad Social por las cuotas correspondientes a los trabajadores y a la entidad.
Hasta finales de 2021 la situación no estuvo completamente corregida. Se trataba de un desfase que provocaba que figurase como deudora una cuenta que por su naturaleza debe ser acreedora. En la Cuenta General de la Comunidad de 2022 se verificó que este desajuste ya quedaba corregido.
En cuanto a la verificación del principio de temporalidad presupuestaria, Amilivia subrayó que los gastos generados en años anteriores deben, para poder ser detectados, registrarse en documentos contables concretos.
En lo relativo al HUBU, expuso que se revisaron las 23 facturas por importe total de 83,59 millones de euros emitidas durante 2020 en ejecución del contrato para su construcción y gestión. Están referidas al gasto generado en dicho ejercicio, excepto una factura por 5.270.340 euros abonada por la cuota de diciembre de 2019 que fue contabilizada como gasto del ejercicio 2020. Por otro lado, el pago de 7 facturas por 32,47 millones excedió el plazo máximo legal de 30 días.
Asimismo, se verificaron los informes emitidos por la oficina de seguimiento del contrato durante los años 2020 y 2021 como consecuencia del contrato de concesión. Estos informes evidencian el control de ejecución del contrato y la mejora en determinados puntos de conflicto con la sociedad concesionaria, como la instalación durante el año 2021 de 207 analizadores de red.
No obstante, siguen existiendo discrepancias entre la sociedad concesionaria y la Administración que están pendientes de resolución por haberse efectuado reclamación en vía contencioso-administrativa. Existen discrepancias, concretamente, en al menos 6 temas revisados: aparcamiento del personal del Sacyl; control energético; abastecimiento y tratamiento de aguas; control de gases medicinales; tarifa de comunicación plana e ingresos por explotación de locales comerciales.
Discrepancias que, afirmó Amilivia, pueden ser objeto de una nueva interpretación del contrato de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido y, en su caso, una vez resueltas por la Administración, las resoluciones son susceptibles de recurso en la vía contenciosa.
Recomendaciones
A la vista de todo lo señalado en el Informe, el Consejo de Cuentas realiza tres recomendaciones a la Gerencia Regional de Salud.
En primer lugar, teniendo en cuenta que los recursos humanos se gestionan con dos sistemas informáticos distintos, se recomienda la elaboración de un manual único debidamente autorizado y de obligado cumplimiento, que asegure la aplicación de un mismo procedimiento en toda la Gerencia Regional de Salud e identifique los puntos clave de control en cada proceso, así como las responsabilidades del personal en cada fase.
De esta forma, se podrá garantizar una adecuada segregación y supervisión de funciones al tramitar todos los centros de la misma forma los procedimientos relativos a la preparación, contabilización y pago de la nómina.
Por otra parte, debería elaborar normas o instrucciones para homogeneizar los criterios de registro y amortización de los bienes y agilizar la elaboración del Inventario General, para conseguir que recoja todos los bienes y derechos que integran su patrimonio, tal y como establece el artículo 21 de la Ley 11/2006, de 26 de octubre, del Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León, y para que el activo no corriente del balance del organismo esté sustentado.
Finalmente, la Gerencia debería elaborar normas o instrucciones para que todos los centros gestores que aún no lo hacen, otorguen de forma electrónica la conformidad de las facturas, necesaria antes del reconocimiento de las obligaciones.
Así se evitaría la falta de constancia en el registro contable de facturas tanto de la fecha como la hora del acuse de recibo por la unidad tramitadora, que habrá de pronunciarse sobre la conformidad o devolución de la factura recibida.
