El Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado el extracto de la orden por la que se convocan subvenciones para financiar proyectos innovadores de transformación territorial y lucha contra la despoblación promovidos por entidades sin ánimo de lucro durante el ejercicio 2025. El importe máximo de la convocatoria asciende a 6.000.000 euros.
La Subdelegación del Gobierno en Soria anima a las entidades sin ánimo de lucro de la provincia, así como a sus federaciones y redes de ámbito supraprovincial, a estudiar esta convocatoria y a presentar proyectos que fortalezcan la vida económica y comunitaria de los pueblos sorianos, en coherencia con la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico y con el compromiso del Gobierno de España con la igualdad de oportunidades entre el medio urbano y el medio rural.
Estas ayudas forman parte del programa estatal de “proyectos innovadores para la transformación territorial y la lucha contra la despoblación”, cuya finalidad consiste en apoyar iniciativas que, desde una dimensión económica, social, medioambiental y de género, refuercen la reactivación social y económica de las zonas con problemas demográficos y revaloricen el espacio rural.
El marco regulador de la convocatoria se encuentra en la Orden TED/1358/2021, de 1 de diciembre, que estableció las bases para esta línea de subvenciones en sus distintas modalidades (entidades locales, entidades sin ánimo de lucro e iniciativas empresariales), y en la Orden TED/1074/2025, de 24 de septiembre, que actualiza y clarifica diversos aspectos como el tipo de proyectos subvencionables, el ámbito territorial y determinados límites de coste.
Desde la aprobación de estas bases, el MITECO ha resuelto convocatorias anuales en 2022, 2023 y 2024, con más de 3.000 proyectos presentados y más de 600 iniciativas beneficiarias en el conjunto del país, lo que consolida este instrumento como una de las principales palancas estatales frente al reto demográfico.
En la modalidad dirigida a entidades sin ánimo de lucro, la convocatoria se orienta a proyectos sociales con capacidad para generar actividad, empleo y cohesión comunitaria en municipios rurales, así como para reforzar la participación ciudadana y la cooperación entre administraciones, tejido asociativo y agentes económicos. Los proyectos deben aportar una visión integral del problema demográfico de la zona donde se desarrollan y ofrecer respuestas que, preferentemente, puedan servir de referencia para otros territorios con características similares.
Podrán optar a estas subvenciones las entidades sin ánimo de lucro que actúen de forma individual, así como sus federaciones, confederaciones o agrupaciones, incluidas las federaciones de entidades locales y las cámaras de comercio cuando ejerzan como corporaciones de derecho público. Entre los requisitos figuran la ausencia de fin lucrativo, la correcta inscripción registral, la existencia de una estructura mínima que garantice la ejecución del proyecto y un ámbito territorial de actuación supraprovincial, autonómico o estatal. En el caso de agrupaciones, se valorará el ámbito conjunto de todas las entidades participantes.
Reactivación social y económica
Los proyectos deben tener como objetivo la reactivación social y económica de zonas con despoblación mediante la revalorización del medio rural y la puesta en marcha de actividades innovadoras que impulsen la creación de empleo o el mantenimiento de puestos existentes. La convocatoria prioriza iniciativas con capacidad demostrativa, transferibles a otros territorios y alineadas con la transición ecológica y el desarrollo sostenible.
El plazo para presentar solicitudes comienza mañana, día 5 de diciembre, y finaliza el 20 de enero de 2026, conforme a lo indicado en el extracto publicado hoy en el BOE. Las entidades interesadas deberán tramitar la solicitud de forma telemática y consultar el texto completo de la convocatoria en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS, Identif. 871620), donde figuran los criterios de valoración, los importes máximos por proyecto y el resto de requisitos administrativos.
