Se prevé que, en conjunto, esta convocatoria movilice una inversión de 36,46 millones de euros y evite la emisión de 46.768 toneladas equivalentes de CO2 al año
Entre los criterios de adjudicación de las ayudas, se valorará que los proyectos tengan en cuenta aspectos vinculados a Transición Justa o Reto Demográfico, entre otros
El total, Castilla y León dispondrá de 20 millones de euros; los 7 restantes corresponderán a otra convocatoria para proyectos de producción eléctrica mediante el uso de renovable
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), ha acordado autorizar al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) a aprobar la Primera Convocatoria de Ayudas a la Inversión a proyectos de energías renovables para la producción de energía térmica en la Comunidad de Castilla y León con importe presupuestario de 13 millones de euros.
En total, la Comunidad de Castilla y León dispondrá de 20 millones euros. De ellos, 13 millones se destinarán a la convocatoria que ahora aprueba el Consejo de Ministros, mientras que los 7 restantes serán tramitados en próximas fechas e irán vinculados a otra convocatoria para proyectos de producción eléctrica mediante el uso de energías renovables.
Se prevé que, en conjunto, esta convocatoria movilice unos 36,46 millones de euros en inversiones asociadas a proyectos que, además de suponer un impulso para la reactivación económica, contribuirán a la diversificación de las fuentes de energía primaria, a la reducción de la dependencia energética y evitarán la emisión de 46.768 toneladas equivalentes de CO2 al año (t eq. CO2/año), en línea con los objetivos marcados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y por el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
Por tecnologías, la distribución del reparto inicial acordado con la Junta de Castilla y León se llevará a cabo del siguiente modo:
CRITERIOS DE TRANSICIÓN JUSTA Y RETO DEMOGRÁFICO
Tras haber acordado con la Junta de Castilla y León un reparto entre tecnologías adaptado a las necesidades de la región, el IDAE realizará la correspondiente convocatoria de ayudas que se otorgarán mediante régimen de concurrencia competitiva.
En cuanto a la
valoración de los proyectos, se han establecido criterios vinculados a
transición justa, reto demográfico, generación de empleo, innovación, lucha
contra la pobreza energética, impulso a sectores industriales estratégicos
locales o
apoyo a la
participación ciudadana, como el impulso a las comunidades energéticas locales.
La convocatoria irá dirigida a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que planeen llevar a cabo un proyecto acorde con estas especificaciones. También podrán solicitar estas subvenciones comunidades de bienes, comunidades de propietarios, grupos de comunidades de propietarios y otras agrupaciones que puedan llevar a cabo las actuaciones a las que se destinan las ayudas.
316 MILLONES PARA PROYECTOS RENOVABLES
La convocatoria se inscribe en la línea de ayudas dotada con 316 millones de euros que el MITECO puso en marcha a través IDAE para impulsar instalaciones de renovables para la producción de energía, tanto térmica como eléctrica, en todo el territorio nacional.
Hasta el momento se han aprobado -y están operativas- las convocatorias en 16 de las Comunidades y Ciudades Autónomas.
Estas líneas contribuirán a la consecución de los objetivos que se ha fijado España en esta materia: duplicar el consumo de energía renovable en 2030 y alcanzar un sistema energético neutro renovable que permita que el país sea climáticamente neutro a mediados de siglo. Estas ayudas están alineadas con las prioridades marcadas por la Unión Europea en el marco de la reactivación económica frente al COVID 19.
Las ayudas, financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), se ejecutan mediante convocatorias realizadas por el IDAE en cada comunidad autónoma, con especificidad para las islas, y con reparto de recursos y condiciones consensuados con los distintos territorios, de acuerdo a criterios y tipologías incluidos en las bases reguladoras. Se trata de ayudas a fondo perdido que se rigen por el principio de concurrencia competitiva con objeto de optimizar al máximo la aplicación de las mismas.
