El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha reconocido a 8.353 hogares de Castilla y León el Ingreso Mínimo Vital (IMV). De esta manera, la prestación llega ya en diciembre a 22.810 personas, de las que el 44,3%, un total de 10.111, son menores.
Los hogares beneficiarios recibirán en unos días el importe del pago correspondiente a la nómina de diciembre, la séptima que abona la Seguridad Social.
Así lo anunció el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá en el Congreso de los Diputados. Además, subrayó que el importe bruto total de este mes ascenderá a 110 millones de euros para proteger a las 460.000 personas beneficiadas por el IMV en España, una cifra que contempla también el efecto de la retroactividad desde junio en los casos correspondientes. En total, desde que se puso en marcha esta prestación, el INSS ha abonado (incluyendo esta nómina) más de 518 millones de euros.
En los seis primeros meses de existencia de la prestación, dedicada a hogares en situación de vulnerabilidad, se han recibido en Castilla y León 43.664 solicitudes del Ingreso Mínimo Vital. Del total que han llegado por diferentes canales, 3.109 expedientes estaban duplicados, lo que supone que eran válidos 40.555.
En los seis meses de vigencia de la prestación, la Seguridad Social ha tramitado en Castilla y León el 84% de los expedientes válidos. Se han gestionado por tanto 34.123 solicitudes. En 7.903 casos se les ha pedido que subsanen errores, como por ejemplo el de completar la documentación.
Aproximadamente el 50% de las solicitudes tramitadas, 17.867, han sido denegadas, en la mayor parte de los casos por superar niveles de renta y patrimonio. Tras las mejoras realizadas en la tramitación, quedan pendientes de análisis en Castilla y León 6.432 expedientes, buena parte de ellos recibidos durante las últimas semanas.
NOVEDADES EN LA UNIDAD DE CONVIVENCIA
El Ingreso Mínimo Vital, tal y como recordó Escrivá, es una norma “en continua evaluación”. Fruto de los primeros análisis, ya se hicieron algunos ajustes normativos en septiembre, que han permitido facilitar y agilizar notablemente la tramitación de expedientes. No obstante, el ministro indicó que “en las próximas semanas se realizarán nuevas mejoras que permitirán adaptar la norma a la pluralidad de situaciones de convivencia que se producen en la vida diaria”, fundamentalmente entre las personas en situación de vulnerabilidad económica que, a menudo se ven obligadas a compartir vivienda.
En este aspecto, está prevista una próxima modificación normativa para que la acreditación de la unidad de convivencia se pueda realizar mediante un certificado de los Servicios Sociales. También se trabaja, en este mismo sentido, con las organizaciones del Tercer Sector.
Al margen de estas modificaciones, Escrivá se comprometió a realizar una completa evaluación del alcance que ha tenido la prestación en estos meses y a estudiar cuantas modificaciones sea necesarias “para llegar a los 850.000 hogares en situación de vulnerabilidad que identificamos antes del desarrollo de la norma”.
Entre las mejoras que se introducirán próximamente también está la de facilitar el acceso a la prestación por parte de personas sin hogar, de forma que “quedará excluido el límite de titulares por unidad de convivencia” en casos de convivencia en hogares colectivos (albergues, centros de acogida…).
