El Comité de Dirección del Partido Popular de Soria reunido en la tarde de ayer decidió adherirse a la campaña que a nivel nacional está llevando a cabo esta formación política para exigir medidas contundentes contra la ocupación de viviendas.
La Presidenta del Partido Popular, Yolanda de Gregorio, ha dado a conocer que se suman a la campaña contra la okupación porque aunque es un problema que no está extendido en la provincia de Soria, sí que es un problema para todos los propietarios de una segunda residencia que ven con estupor como el gobierno no hace nada por defender la propiedad privada.
“Para el Gobierno y su vicepresidente Pablo Iglesias, la “okupación” no es un problema en España. Que se lo digan a los afectados. Seguramente si el vicepresidente saliese de su burbuja monclovita y pisara la calle, se daría cuenta de que sí es un problema, que afecta, además, a mucha gente. Le vendría bien un baño de realidad” ha destacado Yolanda de Gregorio.
El Partido Popular considera que es urgente modificar la ley. Precisamente ante el alarmante aumento de las ocupaciones ilegales y la pasividad del Gobierno, se hace necesario y urgente, como lleva reclamando Pablo Casado desde hace dos años, modificar la legislación. Las mafias se lucran a costa de la inacción del Gobierno y están poniendo en peligro la seguridad de los vecinos.
Las medidas que propone el Partido Popular son recuperar el delito de usurpación de un bien inmueble con penas de uno a tres años de prisión, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan acometer un desalojo express en unas horas y que se prohíba a los Ayuntamientos empadronar a los “okupas”. “Queremos dar facilidad a las comunidades de propietarios para que puedan adoptar medidas legales ante comportamientos violentos de los ‘okupas’ y actuar directamente ante los tribunales, así como a las personas jurídicas” señala de Gregorio, quién confía en que este problema no comience a llegar a los pueblos de la provincia.
El Comité de Dirección del Partido Popular ha acordado comenzar una recogida de firmas exigiendo que se pueda desalojar a los okupas en 12 horas, que la okupación con violencia se castigue con penas de cárcel de 1 a 3 años, y que la incitación a la okupación también se castigue con penas de cárcel de 3 meses a 1 año. Y por último que no se permita que los okupas puedan empadronarse en viviendas ocupadas ilegalmente.
También se ha decidido que se presente en todos los ayuntamientos una moción que manifieste el firme compromiso con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra ocupación ilegal de viviendas.
Un compromiso que es compatible con el apoyo y protección a aquellos vecinos y familias que se encuentran en situación de emergencia social, vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda.
Instar al gobierno de España a aprobar de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de viviendas.
Y por último apoyar las modificaciones legales y las medidas incluidas en la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados.
