La Comisión de Seguimiento y Evaluación de las Estrategias acordadas por el Senado dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprueba tres mociones del Grupo Parlamentario Popular, defendidas por Nidia Arévalo, Javier Jiménez y Carmen Pobo.
La portavoz del GPP, Nidia Arévalo, defiende la moción por la que se insta al Gobierno a tener en cuenta el informe realizado en el año 2023 por la Comisión de Seguimiento y Evaluación de las Estrategias acordadas por el Senado dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, donde se evaluaba dicho pacto y se realizaban recomendaciones y conclusiones de cara a su actualización.
La portavoz adjunta del GPP y senadora por Pontevedra incide en que el Pacto contra la Violencia de Género, impulsado y aprobado con un Gobierno del PP, «fue el resultado de intensas negociaciones parlamentarias en los grupos de trabajo y se concretó la vigencia del mismo en 5 años». Destaca que el Senado «cumplió con su parte y, tras un intenso y arduo trabajo en el seno de esta Comisión, el Pleno aprobó el informe definitivo en marzo de 2023».
Critica que, sin embargo, el Gobierno de Sánchez «ha retrasado injustificadamente la actualización del Pacto, hasta que, tras las presiones recibidas desde la oposición y desde los colectivos que luchan contra la violencia de género no tuvo más remedio que dar una fecha límite». «Lamentablemente y optó por dilatarlo hasta finales de 2024 y han decidido trabajar de forma unilateral, obviando y ninguneando al Senado», exclama.
«Cada año asesinan a más mujeres, cada año asesinan a más menores, ¿Cuál es la siguiente excusa del Gobierno de Sánchez para no actualizarlo?», pregunta y asevera que «el Pacto es mucho más que fondos. Recibieron un importante legado y hace falta coordinación, responsabilidad y sentido de Estado, que ustedes no tienen», ante lo que reclama «seriedad y actuaciones inmediatas. Contarán con nuestro apoyo para la actualización del mismo. Actúen», señala.
FALTA DE RECURSOS DE UFAM
El senador del GPP por Soria, Javier Jiménez, defiende la moción por la que se exige al Gobierno la adopción de medidas para paliar la falta de recursos de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), aprobada sin el apoyo del PSOE.
En palabras del senador popular, el Gobierno de Sánchez no ha actualizado los agentes disponibles para estas unidades en los últimos cinco años, situándose en 1.800 para toda España, en muchas comisarías no llega ni a los dos efectivos. Una cifra, «claramente insuficiente para hacer frente a los 340.000 casos de violencia machista», tal y como denuncia el Sindicato Unificado de Policía (SUP).
Al mismo tiempo, incide en que el número de efectivos «no es el único inconveniente al que se enfrentan los profesionales que combaten la violencia machista». El senador Javier Jiménez explica que el bajo presupuesto supone «la carencia de un servicio integral debido a la falta de medios materiales y con ello, de un entorno adecuado para realizar las funciones de los agentes».
En este sentido, la iniciativa del PP pide aumentar la dotación de agentes específicos a estas unidades; garantizar que dispongan de la formación necesaria para poder hacer frente a sus funciones de manera competente; y aumentar el presupuesto para que los agentes cuenten con mayores medios materiales y se pueda ofrecer un servicio integral a las víctimas.
UNIDADES DE VALORACIÓN FORENSE INTEGRAL (UVFI)
La senadora del GPP por Teruel, Carmen Pobo, defiende la moción por la que se insta al Gobierno a implantar Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) en las provincias con capacidad para atender a todos los órganos judiciales especializados, aprobada sin el apoyo del PSOE.
Estos órganos técnicos, cuya misión principal es auxiliar a la Administración de Justicia en el ámbito de su disciplina científica y técnica, se configuraron como unidades funcionales conformadas por profesionales de la medicina, psicología y trabajo social forense, para construir un sistema probatorio de calidad en casos de violencia de género.
Las UVFI han de garantizar un asesoramiento técnico especializado, el diseño de protocolos de actuación, la recopilación y gestión de datos de su actividad, así como participar en la docencia e investigación en violencia de género, explica
Sin embargo, según señala la senadora Carmen Pobo, la situación de estas unidades es «desoladora, con escasa dotación de personal y medios, que conllevan un tiempo medio de respuesta de ocho meses», tal y como señala la Fiscalía en su informe de resumen anual.
Critica que el PSOE «descargue todo en las Comunidades Autónomas, pero ustedes son Gobierno, reconocen que hacen falta medios y fondos, ¿por qué no reaccionan entonces?», dice.
Por todo ello, la moción del PP, aprobada en la Comisión del Senado, pide al Gobierno implantar Unidades de Valoración Forense Integral en todas las provincias con personal suficiente y cualificado.
El objetivo es que las UVFI tengan capacidad para atender a todos los órganos judiciales especializados, tanto en el ámbito penal como en el civil, a fin de que puedan emitir informes técnicos con la celeridad requerida en los procedimientos y para que estén a disposición de jueces/as y fiscales en las guardias; haciendo informes de valoración de riesgo, colaborando en las exploraciones de los menores cuando sea preciso y para que informen sobre la evolución de la relación paterno filial, requisitos que la nueva regulación del régimen de visitas exige en nuestro ordenamiento jurídico.
