La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) «lleva tiempo estudiando las consecuencias que las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) están generando en la actividad económica de poblaciones que las han implantado previamente, especialmente en aquellas con un tamaño poblacional similar al de Soria capital», tal y como explican desde la propia federación. Asimismo, ha estado en contacto con organizaciones empresariales como la de Torrelavega, de cara a conocer los errores que se han cometido, las implicaciones económicas en los negocios de las zonas afectadas y poder alertar al Ayuntamiento de Soria. Por otra parte, ha estudiado diversas ordenanzas de Zonas de Bajas Emisiones, y con todo ello ha realizado un estudio, ha debatido con las asociaciones sectoriales miembro de FOES, y en el día de hoy, ha presentado formalmente sus alegaciones a la consulta pública previa para la elaboración de la Ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Soria. En las mismas, FOES alerta de que «no existe un problema ambiental que justifique la implantación de una ZBE permanente o restrictiva en la ciudad».
Además, desde FOES se subraya que Soria «no está legalmente obligada a implantar una ZBE, al no superar los 50.000 habitantes ni registrar superaciones de los valores límite de contaminación atmosférica (40 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno hasta 2030) lo que exige reconsideración de la implantación, y en todo caso, un estándar reforzado de motivación, proporcionalidad y necesidad en cualquier regulación que se apruebe».
«Desde el punto de vista comparado, en España hay 150 ciudades con obligación de implementar ZBE, y sólo 50 la han implantado», destacan desde la federación empresarial. FOES ha observado que «diferentes poblaciones obligadas a implantarlas, han demorado su puesta en marcha hasta 2045, especialmente en el ámbito sancionador (es el caso de Elche, Salamanca, Cáceres, entre otros)». Mientras que también señalan que otras poblaciones obligadas, «directamente se han opuesto a su implantación (Arganda del Rey, Valdemoro, Vilanova i la Geltrú…), y otro grupo, ha legislado de manera que sólo sancionarán cuando puntualmente se superen los índices de contaminación (Ponferrada, Las Rozas, León, Alcalá de Henares,…)».
Con respecto a la aplicación de las ZBE en Europa, desde FOES se ha observado que «la normativa europea es muchísimo más laxa». Alemania tiene tan sólo 78 zonas de bajas emisiones, y de haber seguido el criterio de España, se tendría que haber implementado en más de 300 ciudades. El país germano, teniendo en cuenta que tiene grados de contaminación más elevados que España, sólo lo ha implantado en aquellas ciudades con una contaminación que supera los 40 microgramos/m3.
En el caso de Francia, ha derogado las ZBE. Habían sido implementadas exclusivamente en ciudades de más de 150.000 habitantes, y las multas son de 68 euros, frente a los 200 euros de sanción en España. Otros casos como Polonia, Hungría, Chequia, Grecia, Rumanía y Portugal, con niveles más altos de contaminación que España, no llegan a 10 ciudades -entre todos- las que han implantado ZBE.
En otro orden de cosas, FOES subraya que «la proliferación de regulaciones urbanas idénticas en ciudades muy diferentes está provocando una progresiva homogeneización de los centros urbanos, haciendo que municipios con realidades, tamaños y modelos económicos distintos, terminen pareciéndose entre sí».
Desde la organización empresarial, se defiende que «uno de los principales valores de ciudades como Soria, es precisamente su carácter diferencial, su escala humana, su convivencia entre actividad económica, movilidad y calidad de vida, y su capacidad para ofrecer un modelo urbano propio, distinto al de las grandes áreas metropolitanas, que la debieran hacer única y atractiva para vivir, trabajar y emprender».
Riesgo de desproporción y desviación de finalidad
En sus alegaciones, FOES advierte que una ordenanza de ZBE «con restricciones permanentes, sancionadoras o intensivas podría incurrir en falta de proporcionalidad, arbitrariedad o incluso desviación de finalidad, especialmente si se utilizara para objetivos ajenos a la mejora real de la calidad del aire, como el control generalizado de accesos, la implantación de sistemas de videovigilancia o fines recaudatorios».
“La potestad reglamentaria no puede ejercerse de forma preventiva o abstracta cuando conlleva limitaciones a la actividad económica y a la movilidad, y menos aún en una ciudad sin problemas estructurales de contaminación”, señalan desde FOES.
Garantía de la actividad económica y los servicios esenciales
La organización empresarial insiste en que, en caso de que el Ayuntamiento decida avanzar en la implantación de una ZBE, «esta sólo sería jurídicamente defendible si se configura como una medida excepcional, no permanente y vinculada exclusivamente a episodios puntuales y acreditados de contaminación». En este sentido, existen experiencias previas de ciudades que lo han implementado de esta forma.
FOES reclama, además, «la garantía expresa y permanente de acceso a la ZBE para empresas de servicios, distribución, transporte, taxis, autoescuelas, profesionales autónomos, empresas ubicadas en la propia ZBE, personas mayores, personas con movilidad reducida y servicios esenciales, advirtiendo de que la ausencia de estas garantías supondría una restricción injustificada de la libertad de empresa».
Disposición al diálogo, pero con seguridad jurídica
FOES traslada su plena disposición al diálogo y a la colaboración con el Ayuntamiento de Soria, y solicita ser consultada en la elaboración de la ordenanza en caso de que finalmente se acuerde implantar la ZBE.
No obstante, la organización empresarial deja constancia de que, «si se aprobara una regulación desproporcionada o ajena a una finalidad ambiental real, se reserva el ejercicio de las acciones administrativas o jurisdiccionales que pudieran corresponder en defensa del tejido empresarial soriano».
