La Federación y sus Asociaciones consideran que hay otras alternativas al incremento tarifario como una mayor eficiencia en la gestión.
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas junto a varias de sus Asociaciones Sectoriales han presentado alegaciones a la nueva Ordenanza reguladora de la Prestación Patrimonial Pública no Tributaria (PPPNT) para el servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos del Ayuntamiento de Soria, al considerar que el modelo propuesto «penaliza injustamente al tejido empresarial y agrava la presión fiscal sobre autónomos, comercios y pymes».
“Tarificar por superficie no es justo ni proporcional”, destacan. «Esta es una de las principales críticas y es que el hecho de que las tarifas vengan establecidas en función de la superficie, en vez de en función de los residuos, no refleja la realidad de generación de residuos. Además, no hay que olvidar que las empresas ya tienen la obligación legal de gestionar y pagar a gestores autorizados por sus residuos industriales», explican.
Por otra parte, señalan que «la conversión de la actual tasa fiscal en una PPPNT (Prestación Patrimonial Pública no Tributaria) supone un encarecimiento medio superior al 28% en muchos casos, al que hay que sumarle el 10 % de IVA, siendo la subida efectiva superior al 38%. En el caso de los autónomos, ese IVA no es deducible, lo que supone un sobrecoste directo e irreversible. Tampoco los ciudadanos pueden deducirse este IVA, por lo que verán incrementado su recibo sin contraprestación fiscal alguna».
A mayores, “lo más preocupante es que este cambio se ha planteado sin una memoria económica que justifique el nuevo coste, sin un estudio real de los residuos generados por actividad y sin ningún tipo de bonificación o progresividad para quienes menos generan”, tal como recogen las alegaciones.
«La normativa nacional, que traspone la Directiva Europea 2018/851, obliga a que los servicios de residuos se financien de forma suficiente y sin déficit, pero no impone una subida automática ni exige el uso exclusivo de la PPPNT. De hecho, otros muchos municipios han optado por mantener el modelo de tasa, más transparente, sin IVA y con mayor control fiscal. Algunos incluso han incorporado tarifación por generación estimada, bonificaciones por separación de residuos o medidas específicas para proteger al pequeño comercio y la actividad económica local», indican desde FOES.
“La norma europea permite flexibilidad, pero aquí se ha optado por la opción más gravosa y menos ajustada a la realidad de Soria”, se lamenta desde FOES y sus asociaciones.
«Lejos de fomentar el reciclaje o la reducción de residuos, el modelo propuesto no premia el esfuerzo ambiental. No hay bonificaciones por separación selectiva, ni por baja generación, ni por compromisos con la economía circular. Además, se ignoran las buenas prácticas y los contextos particulares, como comercios afectados por obras, pequeños talleres o negocios de escaso volumen», indican.
Ante esta nueva ordenanza, la Federación y sus Asociaciones proponen «un sistema más equitativo y gradual y en concreto, estudiar la forma de optimizar la gestión en el servicio de basuras, al objeto de reducir costes operativos y ser más eficientes, y con ello no tener que repercutir tanto incremento de costes sobre los bolsillos de los ciudadanos sorianos y de las empresas».
Además, proponen «modificar el criterio exclusivo de tarificación por superficie, considerando otros factores como el tipo de actividad realizada, el volumen real de residuos generados y el número de trabajadores o personas responsables de la generación de los residuos, en lugar de basarse únicamente en el tamaño del local».
Asimismo, desde FOES defienden repensar «el cambio de modelo de tasa a PPPNT, aplicar bonificaciones para empresas que acrediten buenas prácticas en materia de residuos, y una mayor transparencia pública sobre los costes que justifican la nueva estructura tarifaria, son otras propuestas planteadas en las alegaciones».
Para finalizar, FOES y sus asociaciones señalan que «la propia Comisión Europea ha aclarado que para la trasposición de la Directiva Europea (UE) 2018/851, la creación de una tasa municipal obligatoria, no es la única vía para cumplir con la normativa. De hecho, lo que Europa exige es que los sistemas de financiación sean transparentes y proporcionales, y que cubran los costes reales de forma justa. Esto abre la puerta a múltiples alternativas que van más allá del incremento tarifario, tales como la eficiencia en la gestión, la introducción de incentivos a buenas prácticas, o compensaciones fiscales cruzadas, son opciones que otros municipios están poniendo en marcha, siendo además varias de las opciones planteadas al Ayuntamiento en las alegaciones presentadas en el día de ayer».
