Tras un amplio dispositivo de vigilancia, el pasado sábado día 26 se localizó y denunció a cazadores furtivos en sus puestos y rehalas cruzando una zona vedada, decomisando rifles, emisoras y prismáticos.
Agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León sospechaban desde hace un tiempo de diferentes casos de furtivismo. Todos ellos podrían estar sucediendo en un terreno vedado en el término municipal de Santa María de Huerta. Se trata de un espacio que debería ser el reservorio de especies de la zona y de los cotos colindantes. Todo hacía indicar que furtivos de diferentes modalidades estaba aprovechado este terreno. Lo hacían como caza de corzo a rececho, caza de palomas en bebederos habituales y cacerías colectivas de jabalí y ciervo.
La Junta tuvo constancia de la celebración el 26 de febrero de una cacería en un coto colindante de la Comunidad de Aragón. Por ello, organizó un dispositivo compuesto por ocho agentes medioambientales y cuatro vehículos para vigilar esta zona de reserva. Los agentes se situaron de manera estratégica en oteaderos para verificar la cacería. También concretar el número de participantes y la forma de proceder.
Antes de dar comienzo la cacería y para evitar la caza de cualquier animal, los agentes medioambientales intervinieron. Lo hicieron identificando a 12 personas que se ubicaban en puestos fijos o batiendo la zona con perros de rehala. Estas personas estaban invadiendo el citado terreno vedado del término municipal de Santa María de Huerta, por tanto una zona prohibida para la actividad cinegética.
La operación se saldó con el decomiso de rifles y artes de caza. También se tramitaron las denuncias correspondientes por incumplimiento a lo establecido en la Ley 4/2021 de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León. Los hechos podrían ser considerados infracción grave. De ser así las sanciones podrían oscilar entre 2.000,01 y 10.000,01 euros. También podrían conllevar la inhabilitación para cazar en un periodo comprendido entre uno y tres años. Además, a la citada sanción correspondiente podría sumarse la valoración de daños y perjuicios ocasionados. Los agentes de la Junta de Castilla de León realizan servicios de vigilancia y control cinegético durante todo el año, adoptando los operativos a la época o modalidad cinegética practicada.
